En Moncloa suelen pedir que no se atienda tanto a la retórica de los socios parlamentarios para mirar más a los “hechos”, en referencia las votaciones en el Congreso. La prueba del algodón, aseguran, para medir el grado real de respaldo al Gobierno. Su conclusión es que los resultados de las votaciones visibilizan que mantienen el apoyo parlamentario y avalan su determinación por seguir adelante pese al escándalo por el caso Cerdán. Sin embargo, desde que la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública escaló al ex secretario de Organización del PSOE, el Gobierno ha optado por recular en las principales medidas que tenía previsto impulsar en la recta final de este periodo de sesiones. Entre ellas, la propuesta para regularización de migrantes, la ley de movilidad sostenible y, de cara al último pleno del año, la reducción de la jornada laboral y la polémica ley de Justicia para la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal.
Sin los votos amarrados, principalmente por parte de Junts y de Podemos, Pedro Sánchez ha optado por no arriesgarse a una derrota en el Congreso, que en estos momentos mandaría un mensaje de fin de ciclo. El Gobierno había apostado que en este mes de julio aprobaría un total de “siete leyes más” para demostrar así que seguía contando con el apoyo de sus socios y legislando con normalidad. Este paso atrás intensifica así la sensación de incertidumbre, aunque en Moncloa aseguran que la dificultad para armar mayorías sigue siendo la misma que desde el inicio de la legislatura.
El Gobierno gana tiempo, mientras aprovecha el filón del caso Montoro para neutralizar la estrategia “de acoso y derribo” del PP por la corrupción, y se pospone para el mes de septiembre el impulso a la agenda legislativa. Con el paquete de medidas anticorrupción ya sobre la mesa, el siguiente reto para por acelerar las medidas sociales y los compromisos de investidura pendientes. Esta misma semana, el PNV concedió una prórroga al jefe del Ejecutivo tras la comisión bilateral celebrada en Moncloa con la presencia de Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales.
Los nacionalistas vascos arrancaron un nuevo paquete de transferencias, incluido el deseado primer bloque de la Seguridad Social, y el jefe del Ejecutivo obtuvo una prórroga, al menos, hasta finales de año, cuando se celebrará la próxima comisión bilateral. «El Gobierno español tendrá la reválida antes de finalizar este año», señaló el lehendakari tras el encuentro en La Moncloa. «Reconozco voluntad política por su parte, pero es exigible un mayor liderazgo y coordinación en su Gobierno que remueva los obstáculos administrativos y las resistencias políticas que nos estamos encontrando», apuntó para exigir más celeridad «para cumplir con el calendario pactado». Para recuperar la confianza, el lehendakari recetó cumplir la palabra dada.
Mientras tanto, las leyes estrella del Gobierno deberán esperar. Las condiciones de otros de sus socios no han variado, si es que no se han endurecido. Este es el motivo que llevó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a dar un paso atrás en su determinación de llevar a tramitación en el último pleno de este mes la reducción de la jornada laboral, después de que «Junts haya pedido más tiempo«. Desde su departamento no escondieron tampoco el temor a que el debate se «instrumentalice» y se «contamine» por el caso Cerdán o, peor aún, que se convierta en un «plebiscito al Gobierno o al presidente».
Razones similares a las que llevaron al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a posponer la reforma la de la carrera judicial que está en el Congreso. El titular de Justicia anunció el pasado jueves en el Afterwork organizado por EL PERIÓDICO que no se debatirá en el próximo pleno previsto para el 22 de julio, sino que quedará también para las sesiones que se celebrarán a partir de septiembre, a la espera del resultado de las negociaciones con los grupos políticos. El bloqueo de Junts se mantiene.
Parálisis legislativa
La otra norma que se quedará en el cajón es la de movilidad sostenible, un proyecto crucial para el ministerio de Transportes. En este caso fue la falta de garantías por parte de Podemos para aprobarlo lo que llevó al ministerio a desconvocar in extremis la comisión de Transportes del pasado 20 de junio donde se iba a votar el dictamen de la ley de movilidad sostenible. Los morados reclaman mayor ambición en la norma, como la gratuidad del transporte público. Tras este golpe, en Transportes planteó reactivarla para poder llevarla al último pleno del mes, pero finalmente tampoco se han querido correr riesgos volviendo a posponer la votación.
Tampoco verá la luz la iniciativa para la regularización de migrantes, varada desde hace un año en el Congreso, que para el Ejecutivo se ha convertido en trascendental con el objetivo de parchear la ley extranjería y evitar que miles de personas puedan caer en la irregularidad. Fue por ello que, antes del estallido del escándalo por el caso Cerdán, Moncloa tomó las riendas, con varios ministros involucrándose en las negociaciones para buscar un rápido desbloqueo. La pretensión del Gobierno pasaba por propiciar antes de verano una regularización de migrantes que alcanzaría hasta casi medio millón de migrantes llegados a España antes del 31 de diciembre del 2024.
Tanto los requisitos para la regularización (la ausencia de antecedentes penales por parte del migrante, la demostración de que reside en España desde antes del pasado 31 de diciembre y la certificación de la situación de vulnerabilidad) como el procedimiento en sí mismo quedarían regulados en un real decreto que deberá aprobarse en un plazo de seis meses desde que el Congreso dé el visto bueno a la iniciativa legislativa, algo que se esperaba entre junio y julio. La presunta trama de corrupción lo ha cambiado todo, reduciendo al mínimo la producción legislativa.
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