El Gobierno de la Región de Murcia recurrirá ante el Tribunal Constitucional el acuerdo sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados llegados a las Islas Canarias firmado entre el Partido Socialista y Junts. Lo anunció este jueves el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, que criticó que Pedro Sánchez «no tiene una política de Estado para hacer frente a esta situación».
El reparto se hará a través de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para plantear una solución estructural en lugar de puntual. De esta forma El Ejecutivo central da hasta el 31 de marzo a las comunidades autónomas para que aporten los certificados sobre las plazas de acogida que tienen activas y calcular así la reubicación este 2025 de 4.400 menores.
Según cálculos provisionales que no han sido confirmados por Moncloa, a la Región de Murcia le correspondería la acogida de alrededor 190 niños y adolescentes que llegaron solos a Canarias.
«Este acuerdo es otro traje a medida de los independentistas«, «una cesión más de Pedro Sánchez a Puigdemont para poder seguir en la Moncloa», explicó Ortuño durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. «Estamos hartos de los acuerdos bilaterales con los independentistas que nos afectan a todos. Estamos hartos de los acuerdos que no respetan la cogobernanza y estamos hartos de los acuerdos que no tienen en cuenta a la Región de Murcia. En definitiva, estamos hartos de las políticas de imposición del Gobierno de España», sentenció.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que, «para Sánchez, los menores migrantes no acompañados, los menas, son una mercancía, son paquetería exprés o son una moneda de cambio para seguir en la Moncloa, como ya ha sucedido con la amnistía, los indultos o la condonación de la deuda de Cataluña».
Murcia no es la primera región en tomar esta decisión. Tras conocerse el pacto entre el PSOE y Junts, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo saber en la red social X, que el «lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE». No obstante, este jueves dio a entender que no se rebelará ante la decisión: «Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley«.
«Desbordados»
El portavoz del Gobierno autonómico reiteró que «en la Región de Murcia estamos desbordados, que nuestros recursos están saturados y que tenemos presión migratoria propia». Además, recordó que en 2024 se acogió a un total de 534 menores «sin recibir la financiación necesaria para ello».
Ofreció el dato de que durante el pasado ejercicio el coste de la acogida se elevó hasta los 17 millones de euros y el Gobierno de España solo abonó 850.000 euros.
«Desde el gobierno regional volvemos a exigir que existan criterios de igualdad a la hora de acoger a estos menores por parte de todas las comunidades autónomas y, por supuesto, que se nos otorgue la financiación necesaria por parte del Gobierno de España. Mientras esto no suceda, la Región de Murcia no puede acoger a más menores«, dijo, insistiendo en las premisas que ya hizo públicas el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el pasado martes.
Ortuño exigió al Gobierno de España que asuma la política migratoria como una cuestión de Estado, implicando a la Unión Europea, y que actúe en los países de origen.