Pese a la insistencia de la prensa por conocer el listado de empleados de la Legislatura de Córdoba, la información se mantiene bajo siete llaves y crece la polémica por los llamados «empleados fantasmas».
Todo se destapó cuando se produjo la detención del puntero justicialista Guillermo Kraisman, quien fue sorprendido cuando intentaba cobrar dinero en un banco con el DNI una trabajadora de la Unicameral.
El presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, dijo: «Estamos tratando de allanar posiciones con el gremio para delimitar cuales son los datos que según ellos vulneran los derechos de los trabajadores. No estamos buscando ganar tiempo. Solo no podemos responder sin escuchar un planteo formal del sindicato. Es una negociación para evitar un proceso judicial».
Sin embargo, se estima que la decisión de revelar la información (de carácter público) le corresponderá a la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien se encuentra de viaje.
Cuando los periodistas le consultaron por la situación de la legisladora Nadia Fernández, acusada de haber contratado a la empleada que desnudó el escándalo de Kraisman, Torres Lima expresó: «No voy a hablar cuando hay un proceso judicial. Siempre dije que cuando la Justicia habla los políticos tienen que callar».