La cuestión de la vivienda, de hecho, está llena de paradojas. Una de ellas es, sin duda, que todos los partidos políticos asumen que es una cuestión grave que deben afrontar desde sus responsabilidades en los gobiernos central, autonómicos y locales y que, sin embargo, se muestren incapaces de alcanzar un acuerdo sobre cómo hacerlo. El rechazo en el Congreso de los Diputados a una modificación de la ley del suelo, que eliminaría trabas en la gestión urbanística, es un ejemplo de ello, como lo es también el hecho de que solo en Catalunya y en una parte del País Vasco se esté aplicando la limitación del precio de los alquileres. Solo en esas comunidades se puede testar si se trata de una norma efectiva o no.
Entre las paradojas está también el hecho de que en este momento se estén construyendo más viviendas que en los últimos doce años, mientras que los precios se disparan a niveles estratosféricos. Son las leyes del mercado. Como la demanda es infinitamente superior a la oferta, los precios suben tanto en la venta como en el alquiler. No se había construido tanto ni a precios tan elevados desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008. Los datos del Instituto Nacional de Estadística ayudan a hacerse una idea de la realidad. Desde 2021 se han entregado 374.000 pisos, pero en ese mismo periodo se generaron 958.000 nuevos hogares, lo que supone un déficit de 583.000 casas. El Banco de España también ha alertado en su último informe sobre la falta de viviendas, que cifra entre 400.000 y 450.000, un desajuste especialmente grave en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, provincias en las que coincide el movimiento poblacional hacia a las zonas urbanas con una fuerte presión turística.
A esta realidad hay que añadirle otra que complica aún más la ecuación, la escasez de vivienda de protección oficial, cuya construcción se frenó tras el 2008. Paliar ese déficit no va a ser fácil ni siquiera con la decisión de la Sareb de transferir suelo para construir 55.000 viviendas ni con planes como el de la Generalitat para promocionar otras 50.000. Son procesos que, por rápido que se aborden, llevan varios años de tramitación y edificación, mucho más tiempo del que disponen las familias, acuciadas por hacerse con una vivienda. Pero hay cosas que se podrían hacer para agilizar todos esos procedimientos. Como un gran pacto de Estado que englobe esas políticas de vivienda, agilice los cambios legislativos necesarios, coordine a todas las Administraciones que tienen competencias en el tema y aligere los trámites. Deberían ponerse a pensar «en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones», como afirma el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Xavier Vilajoana. La brutalidad del enfrentamiento político que se vive hoy en día no permite, sin embargo, ser optimistas.