Alberto Fernández fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la llamada “Causa Seguros”, donde se investigan posibles irregularidades en los contratos de pólizas suscritas por el Estado.
La acusación recae por el delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
La investigación se centra en un decreto firmado por Fernández en 2021 que imponía a los organismos estatales contratar seguros mediante Nación Seguros, a través de corredores externos que recibían comisiones millonarias.
Según el expediente, ese decreto derivó en pagos excesivos que habrían beneficiado a brokers, en particular al empresario Héctor Martínez Sosa, amigo personal del expresidente y esposo de su exsecretaria, María Cantero
Junto a Fernández, el juez procesó a Martínez Sosa y a Cantero. También alcanzó con el procesamiento sin prisión preventiva a Alberto Pagliano —quien dirigía Nación Seguros— y a exmiembros de su consejo: Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Mauro Tanos y Carlos Soria, entre otros.
La causa inició con Julián Ercolini, quien dirigió las indagatorias. Sin embargo, la causa pasó a manos de Casanello a principios de año, momento en que el nuevo juez solicitó nueva documentación, informes y pericias, reabrió líneas de investigación y convocó nuevamente a Fernández para ampliar su declaración, esta vez permitiendo preguntas directas de fiscales y del magistrado.
La ampliación de indagatoria se realizó hace unos días en Comodoro Py, donde el exmandatario se presentó y se pronunció durante más de dos horas. Allí cuestionó la acusación por no ser “clara, precisa ni circunstanciada” y defendió el decreto N° 823/2021: explicó que su intención fue acotar el uso de intermediarios para proteger el patrimonio público, y descartó cualquier maniobra ilícita .
Alberto Fernández negó haber cometido acciones que perjudiquen el erario público y reclamó que la justicia actúe “independientemente de presiones externas”.