Otro escándalo sacude a la Policía de Córdoba. El comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, actual director de la Policía Caminera de la provincia, fue detenido acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que operaba dentro y fuera de la fuerza, utilizando información confidencial para obtener beneficios económicos.
La detención del jefe policial y otros comisarios inspectores fue pedida por el fiscal Guillermo González. Ochoa Roldán, que estaba al frente de la Caminera desde diciembre del año pasado, enfrenta cargos por coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito (en al menos cuatro hechos), peculado de servicios y encubrimiento por omisión de denuncia.
Según la investigación, lideraba una estructura integrada por otros miembros de la Policía de Córdoba, abogados particulares e incluso un civil. Todos fueron detenidos en una serie de once allanamientos realizados en la ciudad de Córdoba, Unquillo, La Calera y Cosquín, donde también se requisaron dependencias dentro de la propia Jefatura policial.
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De acuerdo con las fuentes, la organización accedía de forma ilegítima a bases de datos oficiales, especialmente a registros de antecedentes, y con esa información reservada armaba negociaciones extrajudiciales ilegales, cobraba deudas privadas, asumía defensas penales en causas sensibles y fijaba honorarios en función del prontuario de los involucrados. En algunos casos, incluso se investigan maniobras de desalojo irregular de propiedades y el posterior cobro de porcentajes sobre las viviendas involucradas.
La causa se originó en Cosquín, a partir de otra investigación en curso, y fue tomando forma con la incorporación de escuchas, declaraciones y pruebas documentales. La fiscalía sostiene que los delitos atribuidos no tienen relación directa con el funcionamiento de la Caminera en su rol de fiscalización vial, sino que se trata de una red que utilizaba la estructura institucional como plataforma para actividades ilícitas paralelas. En ese marco, los operativos permitieron encontrar “material relevante” que ya fue incorporado al expediente.
Además del jefe de la Caminera, fueron apresadas otras seis personas, incluidos comisarios, un suboficial, un civil y hasta el hermano del propio Ochoa Roldán, un abogado también vinculado a la organización. Las imputaciones incluyen delitos como peculado, coacción, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Algunas de las figuras involucradas ocupaban cargos clave dentro de la Policía, como la dirección de asesoría letrada o la custodia de testigos.
Desde la fiscalía advirtieron que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial, con numerosas pruebas pendientes de análisis. No se descartan nuevas detenciones ni la ampliación de las imputaciones actuales. “El volumen probatorio es significativo y aún resta procesar buena parte del material incautado”, indicaron voceros judiciales.