Un juez federal estadounidense ha dictaminado este viernes que la más reciente y prohibitiva política del Pentágono sobre las acreditaciones de prensa para acceder al Pentágono es inconstitucional, dando la razón al diario ‘The New York Times’, que interpuso una demanda «para preservar y defender estos principios frente a acciones excesivamente celosas por parte del Secretario de Defensa y del Departamento que dirige».
«Uno de los objetivos principales de la Primera Enmienda es permitir que la prensa publique lo que desee y que el público lea lo que elija, sin ningún tipo de prohibición oficial. Quienes la redactaron creían que la seguridad de la nación requiere una prensa libre y una ciudadanía informada, y que dicha seguridad se ve amenazada por la represión gubernamental del discurso político. Ese principio ha preservado la seguridad de la nación durante casi 250 años. No debe abandonarse ahora», ha opinado el juez del distrito de Columbia, Paul Friedman, al inicio de su dictamen.
En una resolución de 40 páginas, Friedman ha subrayado que la libertad de prensa es un derecho de especial relevancia en la actualidad, tras la reciente incursión de Estados Unidos en Venezuela y con una guerra en curso contra Irán. En este contexto, ha argumentado que «es más importante que nunca que el público tenga acceso a información desde una variedad de perspectivas sobre lo que está haciendo su Gobierno».
Solo así puede un ciudadano «apoyar las políticas gubernamentales, si desea apoyarlas; protestar, si desea protestar; y decidir, basándose en información plena, completa y abierta, a quién va a votar en la próxima elección», concluye el fallo.
Esta resolución judicial se centra en las acreditaciones de prensa expedidas a miembros de los medios de comunicación para acceder al Pentágono (PFAC, por sus siglas en inglés), entre los que se incluye ‘The New York Times’, cuyos periodistas han trabajado «regularmente durante más de 40 años en el Pentágono», ha dicho el juez.
A ojos de Friedman, la «presencia constante» de profesionales de la información en el Pentágono «ha permitido y mejorado la capacidad (…) para informar sobre el Departamento y su liderazgo durante algunos de los momentos más trascendentales de la historia estadounidense», que para el magistrado supone una mejora en «la profundidad, el detalle, la calidad y la exactitud» de las informaciones sobre cuestiones de seguridad nacional.
Revés para Trump
Este fallo supone un varapalo para las restrictivas políticas mediáticas implementadas por Washington desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, al considerar la Justicia federal que los cambios implementados por el Departamento de Defensa durante el año pasado otorgaban vía libre al Pentágono para silenciar a periodistas y medios de comunicación cuyas coberturas no eran de su agrado, atentando así contra las garantías constitucionales de libertad de expresión y debido proceso.
A lo largo de 2025, no obstante, el Gobierno estadounidense refutó en reiteradas ocasiones esta acusación, defendiendo su política como «razonable y necesaria para la seguridad nacional».
El Departamento de Defensa endureció en 2025 las condiciones de acceso de la prensa al Pentágono mediante una serie de medidas que culminaron en un cambio significativo en la composición del cuerpo de periodistas acreditados. En mayo, aprobó nuevas «Medidas actualizadas de control físico para el acceso de prensa/medios dentro del Pentágono», que restringieron el acceso a determinadas zonas del edificio.
Entre otras limitaciones, se prohibió a los periodistas acercarse a las inmediaciones a la oficina del secretario y se estableció la obligación de contar con escolta oficial para acceder a otras dependencias. Según el propio documento, estas medidas eran «necesarias para reducir las oportunidades de divulgaciones presenciales inadvertidas y no autorizadas».
Apenas cuatro meses más tarde, en septiembre, este marco se vio reforzado con una nueva normativa que obligaba a los periodistas con credenciales PFAC a firmar un documento de cumplimiento. En él se detallaban requisitos de seguridad y nuevas condiciones de acceso, si bien el Departamento no reveló ningún incidente concreto que justificara estos cambios. Además, se abrió la puerta a «denegar, revocar o no renovar» las credenciales de prensa si se consideraba que el periodista en cuestión suponía un «riesgo», incluyendo supuestos como «intentos de obtener indebidamente» información o la «posesión física» de material sin notificarlo.
Este giro se hizo más evidente desde mediados de octubre de 2025, cuando el portavoz Sean Parnell anunció «la próxima generación del cuerpo de prensa del Pentágono».
Parnell defendió a los nuevos medios que habían aceptado las condiciones del Departamento, asegurando que «eluden las mentiras de los medios tradicionales y llevan noticias reales al pueblo estadounidense», y aseguró que su «alcance e impacto» serían mucho más eficaces y equilibrados que el de «los medios engreídos que optaron por autoexpulsarse del Pentágono», tal y como se recoge en el escrito de Friedman.
Así, los nuevos titulares de acreditaciones, según el documento, se reducían a perfiles y medios alineados ideológicamente con la Administración Trump.