La Fiscalía ha emitido un decreto de archivo para las denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía responsables de los programas de detección del cáncer de mama. «No existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados», tras las investigaciones realizadas, apunta el ministerio público, que habla de «errores o deficiencias en el protocolo». Cada caso será estudiado por separado en las fiscalías provinciales.
Estas denuncias habían sido presentadas por el Defensor del Paciente y se habían ampliado con escritos de otras dieciséis mujeres. Además, se le adjuntaron las de Adelante Andalucía e Izquierda Unida, que apuntaban a una ex consejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz de la Salud.
El decreto señala que los hechos se refieren a «errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama». Concretamente, la Fiscalía explica que estos «errores» se han producido en la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no «concluyentes» o «dudosos». Igualmente, se valoran estos errores en «la falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado«.
Cada caso será investigado de manera «separada»
Este archivo es para la causa que actúa contra altos cargos. Eso no significa que todos los casos relacionados con estos errores vayan a ser archivados ni mucho menos. De hecho, la Fiscalía autonómica apunta que serán las provinciales «para continuar la prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno. Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables».
Cada caso cuenta, según el ministerio público, de «un patrón», por lo que no pueden ser unificados. Eso sí, habla de «una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos» e indica que «han de ser investigados de manera individual y separada».