La Justicia cordobesa confirmó la sentencia contra el Sanatorio Privado Punilla por ejercer violencia obstétrica contra una mujer embarazada, en un hecho ocurrido en enero de 2019.
La Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba rechazó la apelación presentada por la institución médica, y ratificó el fallo original dictado en junio de 2024. Según la resolución, el caso no se trataba de determinar un delito penal ni una responsabilidad civil, sino de establecer si existió o no violencia de género en la atención brindada.
El caso
El episodio comenzó cuando una paciente, con 38 semanas de gestación, acudió al sanatorio con fuertes dolores y contracciones. Allí la hicieron esperar durante horas, con supuestas excusas administrativas y médicas, y le informaron que no había profesionales habilitados para asistir su parto. Ante esa negativa, la mujer fue por sus medios al Hospital Gumersindo Sayago, donde también le indicaron que regresara al primer centro de salud.
Al volver al sanatorio, un médico le comunicó que su bebé ya no tenía latidos. Pese a su grave estado y fiebre, no contaban con personal capacitado para realizar una cesárea, por lo que debió ser trasladada a Córdoba capital, donde finalmente fue intervenida quirúrgicamente al día siguiente.
El fallo
Según reflejó el diario La Voz del Interior, el tribunal consideró que la atención recibida evidenció la falta de aplicación efectiva de los derechos de las mujeres y la desprotección institucional frente a una situación de extrema vulnerabilidad.
En el nuevo fallo, la Oficina Única de Violencia Familiar y de Género de Villa Carlos Paz mantuvo el agravante de violencia de género, absolvió al hospital municipal por falta de pruebas y ordenó al sanatorio pagar los honorarios legales de ambas partes y elaborar dos protocolos obligatorios.
En un plazo máximo de 30 días, el Sanatorio Punilla deberá implementar un protocolo que garantice a las mujeres el acceso a información clara sobre sus derechos antes, durante y después del parto. Además, deberá confeccionar y exhibir otro documento de capacitación obligatoria para todo su personal médico y administrativo, con el fin de prevenir nuevos casos de violencia obstétrica.