El escándalo que hizo temblar los cimientos de RTVE sigue sin esclarecerse un año después. La filtración del examen de oposición en la categoría de información y contenidos obligó el 29 de septiembre de 2024 a suspender in extremis la prueba para 5.000 aspirantes y abrió un proceso judicial que tiene imputados a dos dirigentes de UGT. A día de hoy, los investigados siguen con sueldo público y mantienen sus cargos sindicales sin que hayan contribuido a la investigación, y sin haber aclarado si había más implicados de su sindicato. Continúa sin esclarecerse el capítulo más negro de la historia de la corporación, que cumple su primer aniversario con un balance agridulce para trabajadores y afectados, aunque con algunas lecciones aprendidas para la dirección de RTVE.
Aquella mañana de sábado los aspirantes se encontraban ya en la Facultad de Económicas de la Complutense cuando recibieron un mensaje que anunciaban la suspensión del examen por «causas de fuerza mayor«. La indignación se apoderó de las masas. Muchos de los opositores habían tenido que desplazarse desde otras provincias, y algunos desde países como México, Italia o Argentina. Desde la ventana de uno de los edificios se asomó el entonces responsable de RRHH de RTVE, Jorge San José, para disculparse y pedirles que abandonaran el lugar. Una imagen insólita de las muchas que estaban por llegar.
Los gastos
La entonces presidenta interina de la corporación, la socialista Concepción Cascajosa, anunció una investigación que quedó después suspendida por la investigación judicial y abonó la idea de que devolverían los gastos de desplazamiento a los afectados. El nuevo presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró en el Senado el pasado 6 de febrero que estaban estudiando fórmulas legales para hacer la devolución económica, avanzando que se les compensaría. «Los opositores tienen derecho a que se les compense«, defendió en sede parlamentaria.
Hasta entonces se habían recibido 652 solicitudes de devolución de gastos por importe de 26.258 euros. La dirección de RTVE pidió un informe a la Abogacía del Estado para dar seguridad jurídica a cualquier posible movimiento, después de que las compañías aseguradoras rechazaran hacerse cargo. A día de hoy, no hay novedades sobre este asunto y aquellos gastos producidos por la filtración siguen sin ser compensadofs.
Imputados de UGT y falta de colaboración
Según se supo después, el día anterior a la prueba el secretario de Organización de UGT-RTVE en Madrid, César Moreno, envió a una afiliada del sindicato un email con las preguntas del examen. Ante el enfado de la receptora, el dirigente sindical aseguró que le había llegado «de rebote». En sus posteriores declaraciones judiciales, Morano, actualmente imputado, no ha aclarado cómo accedió al documento, quién se lo envió y si se lo había remitido a más personas.
La opositora denunció lo sucedido a través de otra trabajadora con plaza fija, que alertó a un miembro del tribunal, Cristina Ónega, que alertó de lo sucedido e interpuso la denuncia ante la Policía. En el email se incluían instrucciones para no levantar sospechas, con el número de aciertos y errores que debían cometer en la prueba, y órdenes de borrado para no dejar rastro. Un sistema que apunta a que el mensaje no tuvo un único destinatario.
Todas las miradas se fijaron en el tribunal de oposición, compuesto por diez trabajadores, la mitad elegidos por la empresa y la otra mitad por los sindicatos. Todos ellos participaban en la elaboración del examen y conocían las preguntas filtradas. Y ya las primeras sospechas apuntaban a UGT, que ya había sido señalado a nivel interno en oposiciones anteriores y que se negó a firmar un documento donde asumía los costes de la suspensión en caso de que sus miembros estuvieran implicados.
A día de hoy se desconoce el coste de dinero público que tuvo la suspensión y aplazamiento del examen, con el nuevo alquiler de recintos universitarios para realizar la prueba, la contratación de personal de seguridad, servicio de reprografía, o el gasto en dietas de miembros del nuevo tribunal.
Sin sanciones y con sueldo público
La entonces presidenta de RTVE, Cascajosa, aseguró que se depurarían responsabilidades. Pero lo cierto es que no se tomaron medidas hasta que -19 días después- salió a la luz que uno de los miembros del tribunal designado por UGT, Julián Pérez Olmos, era el autor del documento enviado a la opositora, titulado Lobo, en referencia a la mascota de la secretaria del tribunal, Raquel de la Ossa.
Sólo después de publicarse estas informaciones, RTVE abrió expediente informativo a Pérez Olmos, pero la dirección pasó inmediatamente a suspenderlo alegando que prevalecía la investigación judicial. A día de hoy, sigue trabajando para el sindicato como liberado mientras percibe salario de la corporación. En la misma situación se encuentra el segundo imputado, César Moreno, al que tampoco se le abrió expediente hasta que se publicó su nombre, tres meses después.
Un día después de conocerse el documento de la filtración, la Policía detuvo y puso en libertad -tras negarse a declarar- a este dirigente de UGT que había enviado la filtración a la opositora denunciante. RTVE le abrió un expediente tres meses después, tras conocerse su imputación; un expediente que fue suspendido por la apertura de causa judicial y que tampoco conllevó sanciones.A día de hoy, Moreno mantiene su cargo en el sindicato y su sueldo público.
En la nueva dirección de López, aseguran fuentes próximas, exploraron opciones para fijar sanciones a los implicados en la filtración, pero estas mismas fuentes aseguran que al haber una causa penal abierta sólo cabe esperar a que se resuelva, imposibilitando cualquier acción interna hasta que haya una resolución judicial.
Borrado de mensajes
Una de las claves para esclarecer lo ocurrido es saber quién estaba implicado en las filtraciones, a quién más se envió y saber cómo llegó el documento creado por un miembro del tribunal de UGT al segundo miembro del sindicato que lo distribuyó después. Unas incógnitas que no han pedido resolverse por la falta de colaboración de los imputados y por el borrado de datos de los dispostiivos informáticos que revela el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (la UDEF), al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El documento apunta al borrado de las comunicaciones de los dos imputados de UGT, César Moreno y Julián Pérez Olmos, con otros miembros clave del sindicato: Jesús Trancho, secretario de organización de UGT-RTVE, Miguel Ángel Curieses, secretario general del sindicato, Ramón Martínez Corral, alto cargo de UGT por ser el presidente del Comité Intercentros -máximo órgano de representación de los trabajadores-, y Guiomar Ceballos, la segunda miembro del tribunal designada por UGT.
Los tres primeros tenían un grupo de whatsapp junto a César Moreno, el imputado por enviar la filtración, que se llamaba «los 4 jinetes«, según el documento policial, que apunta a que «el contenido de las comunicaciones no se encuentra disponible» apuntando a la eliminación de su contenido. El único mensaje que consta la Policía es el enviado el 17 de octubre, el día en que se conocía la autoría del documento filtrado. Moreno hacía una petición al resto de integrantes: «Urgente contactar con Julián«, en referencia al miembro del tribunal de UGT Julián Pérez Olmos.
No es el único grupo que detectó la UDEF en relación a UGT y las oposiciones. Moreno también se encontraba en un grupo llamado «REUNIÓN OPOS» con Trancho, Martínez Corral y Zeballos y creado siete meses antes del examen. «De nuevo, el contenido de las comunicaciones mantenidas en el seno de dicho grupo parecen haber sido eliminadas«, detalla el informe policial.
A nivel judicial, el procedimiento sigue abierto en el juzgado número 48 de Madrid sin grandes avances, a causa del borrado de pruebas del atestado policial. La imputación de los dos trabajadores vinculados a UGT les llevó a declarar este verano, negándose a responder a las preguntas del juez.
La fiscalía del Estado, personada en este proceso, tampoco ha impulsado la investigación. Según fuentes del procedimiento, el fiscal encargado del caso no se ha personado en ninguna de las citaciones relativas a la causa.
Declaración de intenciones de RTVE
La llegada de José Pablo López como presidente de RTVE a finales de noviembre abrió una nueva etapa tras el bloqueo vivido durante meses en la corporación bajo el mantado interino de Cascajosa, a quien algunos sindicatos señalaban por pertenecer al mismo sindicato implicado, UGT, y por lo que consideraban una falta de voluntad a la hora de esclarecer los hechos. También estuvo en el punto de mira el director de RRHH, Jorge San José, a quien apuntaban algunas organizaciones sindicales por su connivencia con los hechos. A su llegada a la Presidencia de RTVE, López se mostró decidido a depurar responsabilidades.
Una de sus primeras medidas fue cesar a San José el pasado enero, dejándole caer después de las sospechas. En su lugar situó a Ana Cerrada, quien también fue cuestionada por sindicatos como CCOO por su vinculación con UGT.
López también anunció la apertura de un segundo expediente informativo a César Moreno, después de conocerse su imputación. Esta medida interna no tuvo consecuencias a efectos prácticos, puesto que también fue suspendida al estar abierto un procedimiento judicial.
El presidente de RTVE mandó personarse en la causa a través de la Abogacía del Estado, en línea con la declaración de intenciones expresada a nivel interno por José Pablo López, que anunció su intención de «llegar hasta el final» con las responsabilidades en este asunto. Un año después, sin embargo, no ha habido avances significativos en la causa.
Las medidas
El episodio de las filtraciones se salda con la falta de consecuencias penales y laborales para los implicados y la merma económica tanto para la corporación como para los opositores afectados por la suspensión del examen. Pero a nivel interno, sí ha servido para dotar de más garantías al proceso de oposición, de cara a futuras convocatorias. La próxima está previsto anunciarse antes de final de año.
Una de las primeras medidas que se adoptaron tras suspenderse in extremis el examen fue el cambio en el funcionamiento del tribunal, aplicándose medidas anti filtraciones que imposibilitaban que ningún miembro del tribunal tuviera acceso al examen completo.
Después del episodio de las filtraciones, RTVE anunció una «exhaustiva» investigación interna que quedó suspendida por la apertura de procedimiento judicial. En un primer momento aseguró que contrataría a una empresa externa para llevarla a cabo, y lo cierto es que esta promesa se ha cumplido pero sólo en cierta medida.
La semana pasada, José Pablo López ha licitado una auditoría externa por 85.000 euros, con el objetivo de analizar el proceso, marcado por la impugnación de sus bases, la brecha de seguridad que dejó expuestos los datos de los aspirantes, y finalmente la filtración. El objetivo es mejorar las condiciones de la siguiente convocatoria, aunque no supone una invesgigación como tal de lo sucedido.
Desde sindicatos como CCOO denuncian que la apertura de un procedimiento judicial no impide abrir una investigación interna. En febrero, remitieron al presidente de RTVE una carta pidiendo crear una comisión de investigación en RTVE para esclarecer lo sucedido. A día de hoy esta petición no ha sido atendida.
Sindicatos, fuera del tribunal
Esta misma semana ha tenido lugar otro hito: RTVE y los sindicatos UGT, SI y USO firmaban de forma definitiva un acuerdo para modificar los apartados del Convenio Colecitvo referente a los tribunales de oposición, para que no haya representantes sindicales en estos órganos.
Un acuerdo que critican otros sindicatos como CCOO o CGT, que creen que los cambios se quedan cortos y que critican la inclusión de responsables de RRHH en el tribunal, al considerar que su papel está en duda. También cuestionan que no pueda haber observadores sindicales que supervisen las garantías de proceso, aunque no participen en la elaboración de las pruebas-. El acuerdo será publicado en los próximos días en el BOE.
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