Tras definir a Maximiliano Ferraro (diputado de la Coalición Cívica) como presidente de la Comisión Investigadora, el cuerpo determinó el reglamento y las primeras certezas en torno a la causa $LIBRA.
La definición del reglamento provocó controversias en el oficialismo porque habilita a convocar -con el uso de la fuerza pública, si fuera necesario, con «asistencia letrada a su costa»- a funcionarios y ciudadanos alcanzados por la investigación.
En ese marco, la oposición busca determinar el grado de participación y la responsabilidad política de funcionarios como Karina Milei, Manuel Adorni y Guillermo Francos. «En ningún caso podrá reemplazarse por un informe escrito», señala el documento, en relación a las citaciones, que se harán por tandas.
El escrito también remarca que los convocados tienen cinco días para responder a la citación de la Comisión.
El libertario Álvaro Martínez consideró que «se pretende hacer un Poder Judicial paralelo por las atribuciones que se le pretende dar a la comisión». El diputado agregó que la oposición busca «violar la división de poderes y las competencias que tiene el Poder Judicial».
Mónica Frade (de La Coalición cívica) le respondió: “Todo lo que está en este reglamento está en todas las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados”.