Si el Papa Luna dejó para la posteridad ese dicho de mantenerse en sus trece como Benedicto XIII, en Illueca no quieren que el tesón de su ilustre paisano quede en balde. Menos aún para revindicar la memoria de don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor y recuperar con esa tenacidad el cráneo que a día de hoy descansa en la capilla de Santa Ana de la iglesia de San Pedro Apóstol en Sabiñán. Y es que el Ayuntamiento de Illueca va a iniciar un pleito civil contra Sabiñán para recuperar la reliquia que permaneció en su pueblo natal desde mediados del siglo XV una vez que su cuerpo fue trasladado desde Peñíscola, donde murió en 1423 a los 95 años de edad.
Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el consistorio illuecano se ha puesto en manos del abogado Jorge Español para iniciar unas acciones legales que, en primer término, pasan por la interposición de una demanda en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Almunia de Doña Godina, partido judicial al que pertenece la capital de la Comarca del Aranda. Entonces será un juez quien determine la titularidad del cráneo para cumplir así con la voluntad de Benedicto XIII y de sus descendientes.
Es la forma con la que el Ayuntamiento de Illueca, encabezado por el alcalde José Javier Vicente (PAR), pretende que los restos de su vecino más ilustre regresen al lugar del que fueron expoliados por las tropas francesas, según coinciden varios historiadores que barajan la Guerra de Sucesión y la Guerra de Independencia como las fechas de dicha profanación. Para ello se han contratado los servicios de Jorge Español, el mismo abogado que defiende los intereses del Ayuntamiento de Sijena para la devolución de los bienes y de las pinturas murales desde Cataluña hasta tierras aragonesas.
En estos momentos, los únicos restos que se conservan del Papa Luna descansan desde el 1 de junio de 2021 en Sabiñán, adonde fue trasladada la calavera 21 años después de que dos jóvenes hermanos de Sabiñán robaran la reliquia y la escondieran en la caseta de una finca de Morés. Santiago M. M. conmutó una condena de seis meses de cárcel con el pago de una multa de 2.170 euros y su hermano menor de edad, Óscar M. M., fue condenado a 60 horas de trabajos en beneficio de la comunidad al tener 17 años cuando tuvieron lugar los hechos, el 7 de abril de 2000.