La causa que investiga una presunta filtración en un concurso público en la Justicia de Córdoba, dio un nuevo paso: el Juzgado de Control y Faltas nº 7 rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por el defensor público Eduardo S. Caeiro y la concursante Paz María Sonzini Astudillo, acusados por el delito de violación de secretos.
Ambos habían intentado que se cierre la causa en su contra, argumentando que sus acciones no encajan en ese delito (atipicidad).
Caeiro sostuvo que, como miembro del tribunal examinador de un cargo de prosecretario letrado, no actuó como funcionario público y que no había una norma que le exigiera guardar secreto sobre el contenido del examen. Sonzini Astudillo alegó que, como postulante, no tenía esa obligación.
El juez José Milton Peralta consideró que estas presentaciones eran anticipadas, ya que todavía no se habían reunido suficientes elementos en la investigación como para definir si hubo o no delito. Señaló que este tipo de planteos deben tratarse en una etapa más avanzada del proceso. En su fallo, citó jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y de la Cámara de Acusación.
La investigación comenzó el 1 de abril de 2025, a pedido de la Fiscalía del Distrito I, Turno 1°, e involucra a Caeiro y a cuatro postulantes al mismo concurso: Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani, Mariana Lorenzati y Ana Ruiz Tamagnini.
El 12 de mayo, todos fueron formalmente imputados por violación de secretos: Caeiro como autor del hecho y las concursantes como partícipes.
Para garantizar el derecho a la defensa, el juzgado dispuso que las declaraciones indagatorias se graben mediante el sistema Cicero y que luego se transcriban en forma completa, siguiendo el mismo procedimiento usado en la etapa administrativa previa.