«El Gobierno no llegó a tantear a los vocales independientes del consejo de administración de Indra para forzar la salida de Ángel Escribano», asegura una fuente informada de la situación a EL PERIÓDICO tras la «tensa» cita que vivió el pasado miércoles el máximo órgano de gobierno de la cotizada participada por el Estado, que se alargó más de cinco horas. La reunión celebrada esta semana coincidió con el anuncio de la convocatoria de elecciones en Andalucía para el próximo domingo 17 de mayo. Este hecho sobrevenido para Moncloa -se esperaba que los comicios andaluces se fijasen para junio- precipitó la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que depende directamente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -máximo accionista de Indra con el 28% de las acciones-, e indirectamente permitió así que se posponga la marcha de Escribano… hasta nuevo intento.
«Lo que se ha producido es una parada política para intentar de nuevo acuerdos más adelante. Unos y otros parecen haberse dado cuenta de que el ruido estruendoso no beneficia a nadie», sostienen desde el entorno de uno de los grandes accionistas de Indra. El nuevo titular de Hacienda, el valenciano Arcadi España, tendrá que pilotar la sucesión de Escribano al frente de la tecnológica después del enfrentamiento que viven los principales actores de la compañía. La presidenta de SEPI es la ingeniera granadina Belén Gualda, que trabajó codo con codo con Montero en la Junta de Andalucía, y España podría proponer cambios y colocar al frente del brazo inversor del Estado a otra persona de su confianza, con la patata caliente de Indra encima de la mesa por resolver.
«Es cuestión de tiempo que el Gobierno fuerce su salida. Es imposible que no se produzca tras la tensión que se vive entre SEPI y Escribano», remarca una fuente del sector de la defensa, al tiempo que subraya que «el conflicto de interés sigue sin resolverse» al ser presidente de Indra y copropietario de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) junto a su hermano Javier. «El principal contratista de Indra es EM&E y, por tanto, si desde el puesto de mando engorda su compañía familiar puede incluso que esté incurriendo en un fraude», añade.
El Ejecutivo estudia apoyarse en la Ley de Sociedades de Capital para forzar su salida, al considerar que esta norma obliga a los administradores a comunicar cualquier conflicto de interés. La legislación, además, veta de forma expresa que los consejeros desarrollen por cuenta propia o ajena actividades que impliquen una competencia efectiva con la empresa en cuyo consejo se sientan. El choque de intereses cobra ahora más fuerza tras el fracaso de la compra de EM&M por parte de Indra. Lo que hasta hace poco podía plantearse como una posible integración empresarial ha derivado en una competencia directa en el mercado, un giro que eleva la presión sobre su continuidad. En este nuevo escenario, el Gobierno teme que las decisiones adoptadas en el consejo de Indra puedan acabar beneficiando a su empresa familiar o perjudicando los intereses de la tecnológica participada por el Estado.
«Guerra psicológica»
Fuentes empresariales califican de «guerra psicológica» la presión ejercida sobre la dirección de la compañía a través de «filtraciones y bulos en la prensa». «¿Quién ha quedado mal? ¿Quién ha quedado retratado? Un Gobierno no comunica, ejecuta», defienden. Escribano, lejos de esconderse, ha mantenido una agenda pública intensa esta última semana con la firma de un acuerdo con la coreana Hanwha para un trasvase total de tecnología del sistema de obús autopropulsado K9, con el que cumplir con el Plan Especial de Modernización (PEM) de Defensa dedicado a artillería móvil sobre cadenas, que importa 4.554 millones de euros. Asimismo, Indra firmó un memorando de entendimiento con la alemana Rheinmetall AG para reforzar su alianza estratégica, con el foco puesto en la producción de sistemas de vehículos militares para las Fuerzas Armadas europeas y latinoamericanas y con el fin de adquirir hasta 3.000 camiones militares.
«Es la forma de ser de Escribano, seguir haciendo lo que está logrando en Indra. Ha firmado 140 acuerdos con empresas nacionales y extranjeras, ha reunido en un acto a más 600 de proveedores y la acción se ha revalorizado más de un 160% desde su llegada», remarcan desde su entorno. A diferencia de lo ocurrido con la salida de José María Álvarez-Pallete de la presidencia de Telefónica las acciones de Indra han sobrereaccionado con caídas abultadas a esta crisis de gobernanza. Los títulos de la tecnológica caen un 30% desde sus máximos históricos en los 66,10 euros por acción, frente a los avances que acumuló la operadora de telefonía del 3% el primer mes tras la destitución del directivo. La entrada en el capital de Telefónica de la SEPI con el 10% de las acciones llevó al hasta ese momento presidente de Indra, Marc Murtra, a la dirección de la ‘teleco’ y a la defenestración de Álvarez-Pallete con el visto bueno de los fondos y el resto de accionistas como Saudi Telecom, CriteriaCaixa o BBVA. «Ángel Escribano no es Pallete, Indra es su empresa, tiene su patrimonio invertido y va a luchar por ella», sentencian fuentes empresariales.
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