Construcor, la patronal de la construcción y las infraestructuras de Córdoba, ha asumido la denuncia formulada por los constructores andaluces ante la decisión del Gobierno de España de destinar una parte sustancial de los fondos de reconstrucción tras el reciente tren de borrascas en Andalucía a actuaciones ejecutadas mediante adjudicación directa a medios propios de la Administración, principalmente Tragsa.
Según las informaciones conocidas sobre el paquete de ayudas para la recuperación de infraestructuras y caminos rurales dañados, estas actuaciones movilizan cientos de millones de euros, lo que otorga especial relevancia económica y sectorial a la fórmula elegida para su ejecución, informa Construcor en una nota de prensa.
Impacto en la libre competencia
Desde la federación se advierte de que el recurso generalizado a encomiendas de gestión en situaciones de emergencia deja nuevamente fuera a las empresas constructoras —especialmente a las andaluzas— de procesos que, en condiciones ordinarias, deberían tramitarse mediante licitación pública abierta.
Construcor subraya que este modelo no solo afecta a la libre concurrencia, sino que puede tener un impacto directo sobre la actividad del sector y el empleo, al desviarse recursos que podrían haberse canalizado a través de procedimientos competitivos, reduciendo así el volumen de obra pública licitada en los próximos meses.
Además, la organización señala que los medios propios aplican sistemas tarifarios propios, sin contraste competitivo, lo que dificulta la comparación con los precios de mercado resultantes de las licitaciones ordinarias y podría suponer un mayor coste para las arcas públicas.
Llamamiento a la transparencia
Construcor y la federación andaluza recuerdan que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica que el sector viene denunciando desde hace años y que se intensifica en contextos de emergencia.
Por ello, la organización se suma al llamamiento de Fadeco Contratistas para reclamar al Gobierno que, una vez superada la fase estrictamente urgente, priorice fórmulas de contratación que garanticen la concurrencia competitiva, la integración del sector privado y el respeto a los principios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad económica.
Asimismo, instan al resto de administraciones —autonómicas y locales— a no replicar el modelo de adjudicación directa masiva a medios propios y a apostar por soluciones que refuercen el tejido empresarial andaluz en los procesos de recuperación.