El gobernador Martín Llaryora anunció el envío a la Legislatura de Córdoba de un proyecto de ley de protección integral para víctimas del delito, una iniciativa que busca ordenar y garantizar derechos, asistencia, protección y reparación para personas que sufren hechos delictivos en la provincia.
Según explicó el mandatario, la norma apunta a poner en el centro a la víctima, reforzando el rol del Estado en el acompañamiento efectivo durante todo el proceso posterior al delito, desde la atención inicial hasta la contención, la protección y la reparación.
El proyecto establece un marco claro de derechos y garantías, con obligaciones específicas para los organismos estatales, con el objetivo de evitar la revictimización y asegurar respuestas coordinadas entre las áreas judiciales, de seguridad y de asistencia social.
Durante su exposición, Llaryora agradeció públicamente la lucha de la familia Sperani, oriunda de Laboulaye, y de otras familias que transformaron el dolor en una causa colectiva. En ese contexto, propuso que la iniciativa lleve el nombre de “Ley Joaquín”, como reconocimiento simbólico y como expresión del compromiso institucional con las víctimas.
Otras reformas en materia de seguridad y justicia
En el mismo anuncio, el gobernador adelantó que se impulsará una ley específica para el tratamiento de presos de alto perfil criminal, orientada a establecer un régimen diferenciado con mayores controles y criterios de seguridad para internos considerados de máxima peligrosidad.
Además, confirmó que se enviará a la Legislatura un proyecto para otorgar inamovilidad a los jueces de paz, con el objetivo de fortalecer la independencia judicial en las localidades del interior provincial y garantizar mayor estabilidad institucional.
Llaryora también puso en valor los avances del Plan de Territorialidad judicial-policial en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. Esta política permitió definir distritos policiales y judiciales, de modo que los vecinos puedan identificar con claridad quién es el fiscal y el comisario responsables de la seguridad en cada barrio.
En total, se establecieron 27 distritos, de los cuales 12 ya se encuentran en funcionamiento, con el compromiso de completar el esquema durante el transcurso de este año.
Con este conjunto de iniciativas, el Gobierno provincial busca fortalecer la respuesta del Estado frente al delito, mejorar la atención a las víctimas y consolidar un esquema de seguridad y justicia con mayor presencia territorial.