La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga en Tarragona el caso Montoro, Rubén Rus Vela, que encargue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a los Mossos d’Esquadra que reclamen a las diferentes notarías toda la información relativa a una docena de empresas que según las pesquisas sirvieron a los investigados para repartir los beneficios que obtuvieron con la empresa Equipo Económico, según especifica un escrito de 22 de enero firmado por la fiscal Carmen García Cerdá.
Hasta el momento, la investigación judicial ha desvelado que las personas que encabezan este despacho formarían parte de una organización dirigida a «intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables«, algo que habría conseguido, según Anticorrupción, para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Archivo – Cristóbal Montoro / EUROPA PRESS – Archivo
Por eso, la fiscal solicita «las escrituras de constitución y titularidad real» de las sociedades que crearon para ‘camuflar’ los beneficios, así como «las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales». En el mismo sentido, reclama al magistrado que pida a los diferentes Registros Mercantiles la documentación completa de estas mercantiles.
García Cerdá hace esta petición al instructor después de que los Mossos d’Esquadra desvelaran la existencia de «sociedades interpuestas», que habrían sido creadas «para ocultar el flujo de la presunta ganancia ilícita, su inversión y los beneficiarios efectivos«. En concreto, los uniformados recogían en las conclusiones de uno de sus informes sobre el caso Montoro que «las personas que adquirieron las participaciones sociales de Equipo Económico SL crearon sociedades mercantiles a través de las cuales han facturado importantes cantidades de dinero en concepto de prestaciones de servicios a este despacho».
Las empresas
Se trata de las mercantiles Centro para la Reforma Económica y el Desarrollo, Tutman Fiscalía SL, Econodos SL, Consultoría y Diagnóstico, Plataforma de Soluciones Jurídicas SL, Anvalia 7 SL, Sociedad de Servicios y Asesoramiento Limacar, Tax Dinamics SL, Narixa Homes, Tutpim Inversiones, White Light, Falumar Inversiones y Piro Yield.
La Agencia Tributaria cuantificó el total percibido entre 2008 y 2019 por cada uno de los socios de Equipo Económico procedentes del propio despacho, «directamente o a través de su entramado societario». Así, Hacienda relata que Ricardo Martínez Rico recibió un total de 11.053.029 euros; Manuel de Vicente-Tutor 5.852.747 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho 5.749.754 euros; y Salvador Mariano Ruiz Gallo 6.117.326 euros.
Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca
En su escrito de 22 de enero, la fiscal García Cerdán también reclama al magistrado que solicite a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados y de sus cónyuges, entre ellos del exministro Cristóbal Montoro, Mariano Ruiz Gallud Salvador, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda. En concreto, la representante del Ministerio Fiscal pretende «conocer el detalle de los bienes de titularidad de la sociedad conyugal de los investigados».
«Capitulaciones matrimoniales»
Anticorrupción hace esta petición al constatar que el informe de la Agencia Tributaria ha revelado «la existencia de capitulaciones matrimoniales por algún socio, pactando el régimen de separación de bienes, lo que llevó al reparto de activos. Por esto hay que determinar si entre ellos se pueden encontrar las participaciones en Equipo Económico, patrimonio de origen ilícito o bienes para su decomiso. Es necesario disponer de la escritura pública correspondiente para conocer los detalles del reparto en lo relativo a Equipo Económico, así como el valor asignado a las participaciones del socio que firmó las capitulaciones», dice la representante de Anticorrupción.
El Ministerio Público también ha reclamado que se pida a la empresa Equipo Económico «las hojas registrales completas, memorias, cuentas anuales entre 2008 y 2025 y aquella otra documentación anexa a las mismas hasta 2025″.
Fuentes de la defensa señalan a este diario que la última prórroga para la investigación iniciada por el juez finalizaba el 29 de enero, y que por ello ya había remitido un escrito a las partes, con fecha del pasado día 15, solicitando que se pronunciaran sobre la conveniencia o no de extender las pesquisas. A resultas de esta consulta se produce la petición de diligencias de la fiscal, que se produjo el pasado 22 de enero.
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