Continúan las interpretaciones de lo ocurrido en la Legislatura provincial con el controvertido tema de la modificación del Código de Convivencia.
El acuerdo entre el oficialismo y la oposición para postergar su tratamiento para dentro de 90 ó 120 días ha generado un torbellino de opiniones. Los tres tema que han monopolizado el interés de la sociedad están vinculado a la regulación del trabajo de los naranjitas, la prohibición total de los limpiavidrios y las sanciones para quienes no completen el calendario de vacunación.
Sobre los dos primeros puntos se expresó la Iglesia de Córdoba a través de un documento de la Pastoral Social que cuestionó el fondo de la nueva ley y, sobre todo, la escasa discusión para su inmediata reglamentación.
El legislador por el monobloque Mejor Futuro, Gregorio Hernández Maqueda, viene insistiendo desde hace tiempo con un proyecto para erradicar a los naranjitas. Mucho antes de la espuma que se generó por la iniciativa del gobierno de Córdoba, había propuesto la modificación del artículo 60 de la Ley 10326 y directamente prohibir el servicio de cuidacoches de vehículos en la vía pública.
En la redo social X, Hernández Maqueda acusó directamente a la Iglesia y al Monseñor Ángel Rossi de apretar al gobernador Martín Llaryora para dilatar el tratamiento en la Unicameral.
“Apretó Rossi, reculó Llaryora” escribió literalmente para luego considerar que el pueblo cordobés quedó más inseguro sin ley anti naranjitas y limpiavidrios. Después se preguntó donde quedó el gobierno secular y laico. Por último concluyó que no pretende cuestionar el dogma de la fe de la iglesia católica, pero sí su capacidad de apriete y lobby, para asegurar que la institución se encuentra atravesada por la izquierda populista.
Terminó asegurando que insistirán con el proyecto , cueste lo que cueste, porque en materia de dignidad, no van a negociar.