La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, ha reconocido este lunes en el Juzgado Instrucción número 23 de Barcelona que se utilizó el programa israelí Pegasus para espiar e infectar los teléfonos móviles de los expresidentes de la ANC Elisenda Paluzie i Jordi Sànchez con el aval del Tribunal Supremo, pero únicamente durante 2019 y 2020. Sin embargo, acogiéndose a la ley de secretos oficiales y la limitación de la desclasificación de los documentos de estos casos aprobada por el Consejo de Ministros, la responsable de los servicios de inteligencia español no ha aclarado si entre el 2015 y el 2017, tal y como han certificado los Mossos d’Esquadra, también se uso este ‘software’ para controlar las llamadas y mensajes de Jordi Sànchez. Según la ANC, la jueza también requirió información sobre estas fecha. En este proceso judicial también se investiga el espionaje con el mismo programa a la exsecretaria nacional de la Assemblea Sònia Urbí.
Es la segunda vez que Casteleiro tiene que declarar ante un juzgado por el caso Pegaus. La primera vez lo hizo en el juzgado que investiga el espionaje del diputado de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y de la eurodiputada republicana Diana Riba, que todavía se está instruyendo. Está pendiente una tercera comparecencia, que se celebrará el 18 de diciembre, el Juzgado de Instrucción 24, que investiga la infección con Pegasus del móvil de Andreu Van Den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y otros dirigentes independentistas, y de la del exeurodiputado Jordi Soler.
Cateleiro se ha ceñido en la declaración de este lunes a las explicaciones que le ha autorizado el Consejo de Ministros y, por lo tanto, solo ha admitido que el Supremo avaló que se espiara con Pegasus a los dirigentes, sin precisar nada más. La desclasificación de los documentos sobre Paluzie y Sànchez llegaron al juzgado el pasado mes de noviembre, pero han sido notificados este lunes a los abogados. Entre estos documentos figuran las resoluciones dictada por el Supremo que autorizaba la intervención de los teléfonos móviles, pero muchas partes aparecen tachadas, con lo cual se desconoce la totalidad de los motivos que hizo servir el juez para avalar esta práctica.
Los ataques
Los Mossos detectaron que Jordi Sànchez sufrió un total de 19 ataques con Pegasus desde el 17 de septiembre de 2015, cuando ya era presidente de la ANC, hasta junio de 2020, coincidiendo con un permiso penitenciario tras ser condenado por el referéndum del 1-O en el marco de la sentencia del procés del Tribunal Supremo. La policía también acreditó que este programa también actuó en su móvil desde el 8 de septiembre de 2017 (se ha constatado actividad en la Diada y en días posteriores) hasta el 13 de octubre, antes de su ingreso en prisión preventiva. Dos de los primeros mensajes que permitieron la infección eran: «Nuevas injerencias de fiscales españoles. Amenazas a Junts pel Sí y la CUP» y «PP catalán: campaña para el ‘no’ en pleno Sant Jordi». El laboratorio canadiense Citizenlab y Amnistía Internacional contabilizaron hasta 26 ataques.
Paluzie, por su parte, fue espiada desde agosto de 2019 y hasta junio de 2020, según el informe que los Mossos entregaron en el juzgado. En su caso, se han analizado dos móviles. En uno de ellos recibió dos mensajes: uno en agosto de 2019, antes de la sentencia del procés, y el otro el 29 de octubre del mismo año, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo. En el otro móvil, la policía ha corroborado dos intromisiones en el aparato a través de Pegasus: en mayo de 2020 y el 10 de junio de 2020, día en que comenzaron las elecciones en la ANC y a las que ella se presentaba a la reelección. Precisamente, el mensaje que permitió acceder al contenido privado de su teléfono eran «Elecciones en la ANC» y «Nuevo Proyecto ANC».
En cuanto a la tercera víctima del espionaje, Urpí, los Mossos han constatado dos entradas en su móvil a través de Pegasus el 22 y 26 de junio de 2020, mes en que fue elegida secretaria general de la organización. Los mensajes maliciosos que recibió aparentaban ser de la Tesorería de la Seguridad Social. Su pareja, Jordi Baylina, residente en Suiza y socio de la ANC, es una de las víctimas del Catalangate con más ataques
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