En 2020, cuando se hizo el último chequeo médico de su primera presidencia, Donald Trumpentraba por su peso, altura e índice de masa corporal en la categoría de obeso, como el 16% de los adultos de todo el mundo. Aunque supuestamente en cuatro años se ha quedado solo en sobrepeso hoy, con los números de 2020 y si fuera un ciudadano de otro país pidiendo un visado para Estados Unidos, podría verse rechazado.
El Departamento de Estado del republicano ha decidido que la obesidad y otros problemas médicos crónicos como cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes pueden ser motivo para denegar a un extranjero el visado o el permiso de residencia.
Los oficiales consulares y de embajada también podrán rechazar a solicitantes si han superado la edad de jubilación, según cuántas personas tengan dependientes (incluyendo niños o padres mayores) y también si esos dependientes tienen “necesidades especiales” o discapacidades.
Se trata de nuevos parámetros, que van mucho más allá de los controles médicos que hasta se limitaban a enfermedades infecciosas o a condiciones médicas que dieran prácticamente por seguro que el solicitante a entrar en EEUU tendría que acabar ingresado en una institución y con el coste a cargo del gobierno. Y están recogidos en un cable que Marco Rubio, el titular de Estado, envió para informar a embajadas y consulados el 6 de noviembre y del que informó primero la web especializada en noticias de sanidad de la Kaiser Family Foundation.
El cable y los argumentos económicos
“Algunos problemas médicos, que incluyen pero no se limitan a diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, del metabolismo y neurológicas y problemas de salud mental pueden requerir cientos de miles de dólares en cuidados”, reza el documento, que impele a los funcionarios a “considerar la salud de un solicitante” de papeles a la hora de concederlos o denegarlos.
A continuación se sugiere considerar la obesidad para determinar si dar la documentación y se menciona que puede provocar apnea del sueño, alta presión arterial y depresión clínica.
Una decisión política
Rubio ha emitido la directiva bajo una regla de “cargo público”, que niega visados y ciudadanía a inmigrantes que se estima que van a depender mucho de programas públicos de bienestar o que van a tener que ser institucionalizados a cargo del gobierno.
La norma afectará tanto a solicitantes de visados temporales como a quienes buscan residencia permanente y solo excluye a algunos casos como refugiados humanitarios, aunque Trump ha limitado extremadamente o directamente cancelado muchos de esos programas.
La directiva, además, ha sido redactada por el liderazgo político del Departamento de Estado sin moverse por los canales habituales de revisión antes de ser aprobada, según ha revelado este jueves ‘The Washington Post’. Esos canales, explica el diario citando desde el anonimato a un alto cargo de Estado, suelen incluir revisiones por parte de personal de carrera.
Expertos en inmigración como Vic Goel, un abogado de Virginia citado por el rotativo de la capital, ha cuestionado la directiva, diciendo que “da a oficiales consulares amplia discreción para negar visados tanto de inmigrante como de no inmigrante basándose en condiciones que por sí solas nunca se habían tratado como descalificadoras”.
Hasta ahora, por ejemplo, las directrices técnicas sobre criterios médicos de inmigración que dan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades se limitaban a pedir pruebas de tuberculosis y sífilis, a rellenar cuestionarios para reconocer el abuso o la adicción de alcohol y drogas y a requerir registros de vacunación.
La directiva de Rubio, además, pide a los oficiales consulares y de embajadas que valoren cuánto pueden costarle a EEUU los problemas médicos de un solicitante de visado y plantea interrogantes como si la persona “tiene recursos financieros adecuados para cubrir los costes del cuidado a lo largo de toda su esperanza de vida sin buscar asistencia económica pública o un ingreso a largo plazo a expensas del gobierno”.
Charles Wheeler, un abogado de la Red Legal Católica de Inmigración, ha criticado en declaraciones a KKK Health News que la directiva parece violar un manual del propio Departamento de Estado, que insta a los funcionarios a cargo de visados a no rechazar solicitudes basándose solo en hipótesis. “La directiva les insta a desarrollar sus propias ideas de qué podría llevar a una emergencia médica o a pensar en costes médicos de futuro”, ha dicho. “Eso es problemático porque (los funcionarios) no tienen formación médica ni experiencia en esto y no deberían hacer proyecciones basándose en su conocimiento personal o sus inclinaciones”.
EEUU primero
La Casa Blanca ha defendido la acción de Rubio. “Durante 100 años la política del Departamento incluía una autoridad para negar el visado a solicitantes que representaran un peso financiero para los contribuyentes, como individuos que han buscado cuidado médico financiado con dinero público en EEUU y que pueden restar recursos de ciudadanos estadounidenses”, ha dicho en un comunicado remitido al ‘Post’ Anna Kelly, una portavoz. “La Administración del Presidente Trump por fin está aplicando plenamente esta política y poniendo a los estadounidenses primero”.
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