El intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022, tiene su primer pronunciamiento judicial. Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó y trató de disparar a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta en la puerta de su domicilio, ha sido condenado este miércoles a 10 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg. Su expareja Brenda Uliarte, quien solía exhibirse en las redes con un arma, y se encontraba en la misma zona del atentado, ha sido sentenciada a ocho años de cárcel. Ambos han sido acusados por la fiscal Gabriela Baigún de homicidio triplemente agravado por alevosía en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego. Los fundamentos del dictamen se conocerán el 9 de diciembre. Sabag Montiel no tuvo reparos durante las audiencias en confesar su deseo de asesinar a la expresidenta alegando cuestiones del orden ético que nunca supo explicar. Solo atinó a decir: «Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad». Como tiene una condena anterior de cuatro años por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil deberá permanecer en una unidad penitenciaria durante cuatro años más.
El tercero de los implicados, Nicolas Carrizo, a quien se le asignaba la condición de líder del grupo «Los copitos», que se hacían pasar por vendedores callejeros de azúcar de nieve frente al domicilio de la exjefa de Estado, fue absuelto debido a que la fiscalía retiró la acusación en su contra. Carrizo envió mensajes celebratorios de la acción en su momento. Dijo que fueron en broma. «Quizás la pude haber ofendido y, si fue así, le pido disculpas porque yo no pienso eso. Lo hice para hacer chistes».
Inimputables
En su alegato final, la defensa de Sabag Montiel, en manos de la defensora oficial Fernanda López Puleio, había solicitado la absolución. El ciudadano de origen brasileño, sostuvo la letrada, es inimputable por razones psicológicas. «Fue esclavo de su delirio mesiánico». En sus palabras finales, Sabag Montiel se comparó con el fiscal Alberto Nisma, muerto en enero de 2015 en condiciones que no se han podido comprobar fehacientemente. Los antikirchneristas hablan de asesinato mientras que todos los indicios apuntarían a un suicidio. En el caso de Uliarte, su abogado, el cuarto que tuvo a lo largo del proceso, sostuvo que ella había perdido la capacidad de enfrentar un proceso judicial también por motivos psicológicos.
Más de 150 testigos
El intento de magnicidio provocó un fuerte impacto político y emocional en Argentina porque reintrodujo en su escena la violencia política casi cuatro décadas después de la recuperación democrática. El retorno a la institucionalidad contempló una convicción compartida de todas las fuerzas de que este país no podía volver a recorrer el camino del asesinato como forma de dirimir controversias.
La investigación sobre los hechos de tamaño impacto comenzó con un tropezón que invitó a la sospecha. El teléfono de Sabag Montiel no pudo se objeto de un peritaje. El aparato fue dañado mientras estaba bajo custodia policial. La fiscal Baigún lamentó que se haya perdido «la mayor parte de la información que contenía» el aparato que se reseteó misteriosamente a sus valores de fábrica antes de que lograran peritarlo. «Se desconocen gran parte de las conversaciones que mantuvo Sabag en fechas cercanas al hecho», dijo.
El juicio oral comenzó a finales de junio de 2024 y han declarado 157 testigos. Los abogados de la expresidenta han cuestionado severamente un proceso judicial que ha excluido a los autores intelectuales de la acción que buscaba eliminar físicamente a la dirigente peronista.
La jueza María Eugenia Capuchetti resolvió «archivar parcialmente» la investigación sobre el presunto papel de Gerardo Milman, un diputado derechista que se ha desempeñado también como asesor de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Para Fernández de Kirchner, el intento de magnicidio no estuvo disociado del juicio que a la par enfrentaba por casos de corrupción en la obra pública durante su Gobierno (2007-2015). «Cuando después del atentado, leí en la portada de Clarín ‘La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá’ (en alusión al juicio en su contra por corrupción en la obra pública bajo Gobierno), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado: Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala», ironizó Fernández de Kirchner. La exmandataria cumple una condena de seis años de prisión que cumple en su domicilio en el sur de la ciudad de Buenos Aires.
El ultraderechista Javier Milei se atribuyó días atrás la sentencia contra Fernández de Kirchne, y dijo que las denuncias contra su principal candidato a diputado, José Luis Espert, por su relación con un empresario acusado en Estados Unidos de narcotraficante fueron una «venganza» porque «soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa». El abogado de ella, Gregorio Dalbón, hizo de inmediato una presentación en Tribunales. «Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial».
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