La declaración del Presidente Milei, al sugerir que una decisión político-judicial, como fue la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, responde a una motivación de venganza política, constituye una grave intromisión en el Poder Judicial, violando el principio de división de poderes, pilar fundamental del Estado de Derecho establecido en el Artículo 116 de la Constitución Nacional. Este principio, de raigambre liberal y esencial para una república, busca evitar la concentración absoluta del poder mediante un sistema de frenos y contrapesos.
El Ejecutivo no tiene facultad para cuestionar, mucho menos prejuzgar, las motivaciones de una sentencia o medida judicial. Hacerlo implica un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, ya que busca deslegitimar y presionar sus actuaciones. Tal conducta es abiertamente inconstitucional, ya que el presidente, como parte de un poder del Estado, está sujeto al ordenamiento jurídico y debe respetar la autonomía de los demás poderes.
La independencia judicial es la garantía última de los derechos de los ciudadanos. Si el Poder Ejecutivo puede influir, condicionar o invalidar decisiones judiciales a través de declaraciones públicas o actos de presión, se debilita el Estado de Derecho y se abre la puerta a un sistema de gobierno arbitrario.
Por lo tanto, lejos de ser una mera opinión, dicha declaración es un acto antidemocrático que vulnera la estructura misma de la República y la seguridad jurídica de todos sus habitantes.