El 24 de marzo de 1976, el país se sumergió en una de las etapas más oscuras de su historia. Un golpe de Estado dio inicio a una dictadura cívico-militar que, bajo el eufemismo de Proceso de Reorganización Nacional, desató un plan sistemático de represión, tortura y desaparición de personas. En Córdoba, epicentro de la resistencia y cuna del Cordobazo, el terror se materializó en un lugar tristemente célebre: el ex centro clandestino de detención y tortura de La Perla.
Un campo de concentración en suelo cordobés
Ubicado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, La Perla fue el campo de concentración más grande del interior del país. Su control dependía del Tercer Cuerpo de Ejército y era el principal centro de exterminio de la provincia, operando desde 1976 hasta 1978.
En este lugar, miles de personas, entre obreros, estudiantes, militantes políticos y sindicales, fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Las víctimas eran sometidas a condiciones infrahumanas, con simulacros de fusilamiento, privación de alimentos y agua, y constantes vejaciones psicológicas y físicas. El objetivo no era solo la represión política, sino también el aniquilamiento de la disidencia y la implantación del terror en la sociedad.
Se estima que entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por La Perla y la justicia pudo investigar los casos de 416 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. En este centro, las violaciones sexuales fueron una práctica sistemática y masiva, afectando a la mayoría de las prisioneras y a algunos prisioneros.
La autopista de la muerte
Una de las prácticas más macabras realizadas en La Perla era el traslado de los detenidos para los llamados «vuelos de la muerte», pero este centro también fue conocido por ser el lugar de la «autopista de la muerte», un apodo siniestro que hacía referencia a los traslados de prisioneros que eran fusilados al costado de la ruta.
Memoria, verdad y justicia
A quince años del megajuicio que desnudó el horror de La Perla (uno de los procesos judiciales más importantes de la historia argentina) y juzgó a 43 exmilitares y ex policías por los crímenes de lesa humanidad, el predio fue recuperado por el Estado Nacional y convertido en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos. Sus instalaciones, donde alguna vez reinó el terror, se han transformado en un lugar de reflexión, educación y homenaje a las víctimas.
Entre los represores condenados, se destacan:
Luciano Benjamín Menéndez: Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, responsable máximo del terrorismo de Estado en la región. Fue condenado a prisión perpetua en varias causas de lesa humanidad.
Ernesto Guillermo Barreiro: Conocido como «Nabo» o «Gringo», fue el jefe de Inteligencia y Operaciones del Destacamento de Inteligencia 141, al que La Perla estaba subordinada. Fue uno de los principales responsables de las torturas y los asesinatos. Condenado a prisión perpetua.
Jorge Eduardo Gorleri: Jefe de la Compañía de Ingenieros 141. Condenado a prisión perpetua.
Héctor Pedro Vergez: Alias «Vargas» o «Gastón», fue uno de los principales represores del Tercer Cuerpo de Ejército. Condenado a prisión perpetua.
Carlos Enrique Villanueva: Conocido como «Principito», otro de los represores clave del CCD. Condenado a prisión perpetua.
Mirta Graciela Antón: Alias «la Cuca», fue una de las pocas mujeres represoras del centro, que participó activamente en las torturas y la represión. Condenada a prisión perpetua.
Casi cincuenta años después de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, se confirmó un hallazgo histórico. Por primera vez, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en el predio desde 2002, informó al juez federal Hugo Vaca Narvaja sobre la aparición de un fémur, fragmentos de cráneo y otros restos óseos. Estos serán sometidos a rigurosos análisis para determinar su identidad mediante el cotejo con el banco genético de ADN.
El EAAF aplicó un método extraordinario para explorar las 3.200 hectáreas de La Perla, utilizando incluso un avión equipado con un sistema láser para localizar posibles fosas clandestinas. Se cree que en estas profundidades fueron fusilados numerosos argentinos, víctimas del terrorismo de Estado. La magnitud del descubrimiento y la certeza de que aún hay más restos llevaron a las autoridades a extender las excavaciones por dos meses.