Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado –procesado por un delito de revelación de secretos que le perjudicó en la causa abierta contra él por delito fiscal– pero únicamente en lo relativo a la fijación de una fianza de 150.000 que impuso el magistrado Ángel Hurtado para que el máximo responsable de los fiscales españoles pueda hacer frente a las responsabilidades civiles en caso de ser condenado. El empresario insiste que el daño reputacional sufrido debe compensarse con el doble, un total de 300.000 euros.
Por otra parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha apelado directamente ante la Sala de lo Penal del alto tribunal la decisión de Hurtado de no suspender a García Ortiz sus funciones por entender que dicha decisión no le corresponde, al ser de carácter administrativo y existir un vacío legal.
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