La relación de confianza entre el asesor del que fuera ministro José Luis Ábalos, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama –todos ellos bajo investigación del Tribunal Supremo– llegaba a tal punto que éste último consultaba al hombre para todo del titular de Transportes para que le facilitara información sobre si sus socios venezolanos pudieran arrastrar alguna alerta policial.
Así se deduce de una de las conversaciones intervenidas entre ambos que obra en la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional sobre el denominado caso hidrocarburos –sobre un fraude millonario de IVA– en la que el empresario reclama a Koldo averiguar si uno de sus socios en una petrolera pudiera tener problemas con Interpol antes de viajar.
«Por favor, mírame urgente si tiene algún tema internacional o algo con Interpol ¿Vale? que Henrique viaja conmigo mañana, míramelo por favor, gracias», le reclama Víctor de Aldama a Koldo el 4 de febrero de 2021, tras enviarle por WhatsApp fotografías del pasaporte de Henrique José Rodríguez Guillén presidente de Suelopetrol, socia de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Pasaporte de Henrique José Rodríguez Gillén / EP
Según adelantó EL PERIÓDICO, uno de los informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidencia que Suelopetrol fue la empresa que, por órdenes de Víctor de Aldama, fue utilizada para activar la compra del chalé de lujo que acabó disfrutando el exministro de Fomento José Luis Ábalos en Cádiz. Esta petrolera, además, exportó petróleo de Venezuela durante el embargo decretado por Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Ahora, una conversación entre el comisionista y el asesor ministerial obrante en el teléfono móvil de este último, que ha sido remitida al juez que instruye el caso hidrocarburos, evidencia el interés de Aldama por proteger a su socio venezolano, pero también su convencimiento de que Koldo podría tener algún tipo de contacto en los cuerpos y fuerzas de seguridad para obtener información respecto del dueño de la petrolera.
«Te respondo en un rato»
Así, a las 12.46 del 4 de febrero de 2021 Aldama envía a Koldo unas fotos del pasaporte con el audio reclamando información sobre si su socio podría tener algún problema para viajar del que pudiera alertar Interpol. Koldo García tarda unas tres horas en responderle por WhatssApp: «Oye estoy en ello, te respondo en un rato».
José Luis Ábalos y Henrique Rodríguez Guillén / Nacho García del Álamo
En la exposición razonada en la que el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, remitía al Tribunal Supremo sus sospechas sobre Ábalos –y que dio lugar a la apertura de la causa que ha escalado hasta el que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán– ya se decía que la compra del chalé que al final alquiló el exministro «pretendía resolverse a través de una serie de ciudadanos venezolanos que llegan a pagar la señal de la compra de la casa en febrero de 2021». En el informe de la UCO se especifica quienes fueron estos ciudadanos venezolanos: Rafael Alfredo Chirino; Henrique José Rodríguez Guillén; y Katy Cortés. Estos dos últimos, según la Guardia Civil, están relacionados con la firma Suelopetrol.
Conversación entre Koldo García y Víctor de Aldama sobre su socio venezolano / EPE
Por otro lado, sospechas de Aldama sobre posibles problemas de su socio a la hora de viajar estaban fundadas. Según informó esta redacción el pasado mes de octubre, meses después de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara sus sanciones contra el Gobierno de Caracas, en concreto el 18 de diciembre de 2019, Suelopetrol, presidida por Henrique José Rodríguez Guillén, firmó un contrato con la naviera Elysia Shiptrade para fletar un buque petrolero desde Venezuela hasta Ghana o Lomé (Togo), dos países situados en el occidente del continente africano. Este empresario, que consiguió la nacionalidad española en 2023, fue quien realizó el primer desembolso para adquirir el chalé, según la Guardia Civil.
Esta misma empresa tuvo en España problemas con el fisco, aunque en marzo del pasado año consiguió que Hacienda le devolviera 262.000 euros tras lograr que la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulara el acuerdo de liquidación dictado por la Oficina de Gestión Tributaria de la Delegación Especial de Madrid por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).
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