Buenos Aires. El presidente Javier Milei decidió vetar dos leyes aprobadas con amplio respaldo en el Congreso: la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica N° 27.796 y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas iniciativas habían sido impulsadas por la oposición y contaban con un fuerte respaldo social, pero el Gobierno justificó su rechazo en el impacto fiscal y la “falta de financiamiento genuino”.
El veto a la emergencia pediátrica
La ley de emergencia en pediatría había sido sancionada el 22 de agosto con 62 votos a favor en el Senado. Preveía una recomposición salarial para trabajadores de la salud, un aumento presupuestario y la asignación prioritaria de insumos críticos por un año.
Sin embargo, mediante el Decreto 651/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso su veto total. Según el texto oficial, la norma “carece de un financiamiento genuino” y su redacción “fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”.
El Gobierno argumentó que la medida generaría distorsiones salariales dentro del sistema de salud, ya que colocaría al personal pediátrico por encima de otros trabajadores sanitarios. Además, sostuvo que el proyecto comprometía la coparticipación y la estabilidad presupuestaria tanto de la Nación como de las provincias.
La iniciativa había surgido como respuesta a los reclamos de médicos y trabajadores del Hospital Garrahan, quienes realizaron numerosas movilizaciones para exigir mejoras salariales y la declaración de emergencia.
El financiamiento universitario, también rechazado
Milei también vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación, además de la convocatoria a paritarias y el aumento de becas estudiantiles.
La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para blindar su sanción. Ahora, la oposición deberá reunir esa mayoría especial si pretende insistir con la ley en el Congreso.
Desde la Casa Rosada advirtieron que la aplicación de la norma implicaría un costo fiscal de más de un billón de pesos en 2025, lo que pondría “en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica”. Además, cuestionaron que las fuentes de financiamiento previstas eran “genéricas” y no garantizaban la disponibilidad de recursos.
“El gasto sin respaldo real solo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y afectaría a los sectores más vulnerables”, señaló el Gobierno en el decreto de veto.
Escenario de confrontación
Ambos vetos profundizan la tensión entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. Las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario habían sido presentadas como victorias opositoras, al dar respuesta a reclamos de trabajadores de la salud y del sistema universitario, sectores en conflicto desde hace meses con la administración nacional.
Ahora, las cámaras legislativas tendrán la posibilidad de insistir con los proyectos, aunque para ello será necesario alcanzar mayorías calificadas.