Hace un mes el Gobierno oficializó el fondo de cese laboral (FCL), un sistema optativo que busca reemplazar a las indemnizaciones que rigen ante el despido de un trabajador. Con el convenio del sector de la construcción como modelo, con este sistema se busca administrar aportes mensuales que anticipen el pago ante una eventual desvinculación laboral. Los fondos serán individuales, no embargables, y solo podrán usarse para cubrir los montos estipulados en cada Convenio Colectivo de Trabajo.
Cada convenio deberá establecer las condiciones, pero se estima que, al estilo de lo que ocurre con la UOCRA, los aportes patronales para constituir el fondo serán del 8% del salario y estarán disponibles cuando finalice el vínculo laboral, ya sea por despido o por renuncia.
Con la norma ya reglamentada hay varios actores que quieren participar de la administración de este sistema. En este campo, las aseguradoras van a competir contra los bancos, los fondos de inversión y las compañías financieras. «Los productos nuestros tienen algunas particularidades que no las tienen los otros, porque permiten agregar coberturas, como, accidentes personales y seguros de vida. Es un modelo que ya venimos manejando en otros productos, como por ejemplo, los planes de pensión. Entonces, realmente para nosotros es muy fácil instrumentar en ese producto», sostiene Irene Capuselli, titular de AVIRA (Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina).
«El sistema de fondo de cese laboral tiene que estar previsto en los Convenios Colectivos de Trabajo. Para que esto ocurra tienen que reunirse los sindicatos con las cámaras empleadoras y ponerse de acuerdo en incluir dentro del convenio colectivo la posibilidad de optar por este sistema», completa Capuselli.
«El convenio colectivo tiene que incluir una serie de definiciones, por ejemplo, cuál es el aporte mensual del empleador y cuáles son las condiciones además del despido, en las que se pueden retirar la totalidad o parte de los fondos. Por ejemplo, ante la renuncia, la jubilación o una enfermedad grave», precisa.
«Si esto realmente toma el volumen que esperamos puede generar un crecimiento muy importante para para las compañías», dice Capuselli. Sin embargo, el sistema todavía no arrancó. «Hay algunas cámaras empresariales interesadas, pero todavía no hay ningún convenio que haya cerrado. Creo que es muy importante tener algún caso líder. Es un avance grande en todo lo que es modernización laboral», agrega la ejecutiva.
San Cristóbal es una de las aseguradoras que busca entrar a este esquema. «Desde nuestro grupo ya tenemos el producto listo a nivel tecnológico», sostiene Diego Guaita, CEO de la compañía.
Para Guaita, las aseguradoras son las que están mejor preparadas ante este cambio. «Tenemos ya la tecnología para administrar y darle transparencia a los aportes y a los rendimientos que van a tener en estos fondos. También tenemos el call center, el personal comercial, los asesores. Nos esforzamos para proteger el el ahorro y sacarle un rendimiento positivo a a esos aportes. Seguramente el sistema va a presentar dudas al principio, por eso hay que comunicarlo bien. Implementarlo sería muy positivo para la Argentina, sin duda va a contribuir a la flexibilización laboral y la contratación. Hoy las pymes a veces no quieren contratar gente por lo que implican las indemnizaciones o por el riesgo de un juicio laboral. Esto da un marco de trazabilidad. Y para el trabajador es algo bueno porque tiene más causas antes del despido para llevarte los fondos, incluso si renuncia».
«Estoy convencido que este tipo de iniciativas va a permitir la mayor mayor contratación de personal y va a dinamizar la la economía», remarca Guaita. Y precisa que un sistema de este tipo ya se está aplicando con éxito en países como Chile, Colombia, Austria, Brasil, Ecuador y España.