El anuncio del Gobierno canario y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) de constituir una mesa de trabajo para intentar frenar la compra de viviendas por parte de extranjeros no es el primer paso dado por una administración pública en esta línea, aunque hasta ahora todas han sido tímidas. El Gobierno trabaja desde en enero en aprobar una regulación que permita disparar la carga impositiva a aquellos extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea que compren una casa en España, a pesar de que por el momento la medida está aún en fase de tramitación parlamentaria y no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.
Aunque el Parlament de Cataluña aprobó una moción en junio para instar al Gobierno a limitar la compra de viviendas a extranjeros no residentes, seis meses antes, el presidente Pedro Sánchez anunció la creación de un nuevo tributo —similar al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que se paga en el momento de la adquisición de una vivienda de segunda mano— de hasta el 100% del valor catastral del inmueble comprado, del precio declarado o del valor de mercado. En mayo, el grupo socialista plasmó el cambio en una proposición de ley que registró en el Congreso de los Diputados sin que por el momento haya habido ningún tipo de avance.
Esta medida, que aún no tiene garantizados los apoyos parlamentarios, fue incluida dentro de un programa de vivienda con otras propuestas, como bonificaciones fiscales a caseros que pongan viviendas baratas en el mercado, una reforma de la tributación de las socimis o la implantación de un IVA del 21% a los pisos turísticos. Las diferentes formaciones del espectro político podrían apoyar algunas de las propuestas, pero se antoja complicado alcanzar la unanimidad, ya que difícilmente los partidos conservadores votarían a favor de subidas fiscales, mientras los grupos de izquierdas piden más ‘mano dura’ en algunas reformas, como la eliminación directamente del régimen fiscal de las socimis, a la par que se muestran en contra de otorgar beneficios a arrendadores.
La legislación europea frena este tipo de regulaciones
La realidad es que, aunque el Ejecutivo logre sacar adelante la creación de un impuesto específico para extracomunitarios no residentes, tendría serios problemas de lograr el ‘ok’ de Europa. Son notorios los casos de países que lo han intentado sin éxito: dos regiones austriacas intentaron limitar en la década de los 90 la compra de segundas residencias y viviendas a ciudadanos de otros países y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que esas medidas vulneraban la libre circulación de capitales, mismo argumento que utilizó esta sala para tumbar las restricciones existentes en Hungría durante los años 2000 a la compra de tierras agrícolas.
La Unión Europea ha utilizado los tratados de adhesión para presionar con este asunto. Por ejemplo, exigió a Croacia levantar las restricciones a la compra de propiedades por ciudadanos europeos, salvo excepciones puntuales en zonas fronterizas y tierras agrícolas, o impidió a Chipre mantener la necesidad de una autorización previa para que extranjeros pudieran comprar más de dos inmuebles. Los 27 tienden a rechazar por criterios de proporcionalidad la simple justificación de que la compra por parte de extranjeros encarece el precio de la vivienda.