Una de las razones por las que España es hoy un referente mundial, tanto en crecimiento económico como en condiciones para invertir, está en su modelo de estado del bienestar.
Nuestro país cuenta con políticas de redistribución de la riqueza que reconocen que el éxito individual está vinculado al colectivo. La clave está en reinvertir en la sociedad para garantizar igualdad de oportunidades, incluso para quienes no cuentan con grandes herencias ni provienen de familias consolidadas. Dentro de esta cultura del esfuerzo y la solidaridad se encuentran las pensiones, un mecanismo que no solo protege a quienes han cotizado, sino también a quienes nunca lo han hecho.
El economista Rubén de Gracia, CEO de Elitelia, lo explica de forma clara: «En España, si no has cotizado un solo día ni trabajado de forma oficial, puedes cobrar una pensión de 564 euros al mes». Se refiere a las pensiones no contributivas, una fórmula pensada para cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que no cumplen los requisitos para acceder a la pensión ordinaria de jubilación, pero que sí acreditan residencia en el país y carecen de ingresos suficientes.
Estas pensiones se dividen en dos modalidades. La primera es la de jubilación no contributiva, destinada a quienes han cumplido los 65 años y no han alcanzado el mínimo exigido de cotización. Para acceder es necesario haber residido en España al menos diez años desde los 16, con dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. La segunda modalidad es la de invalidez no contributiva, dirigida a personas de entre 18 y 65 años que acrediten una discapacidad reconocida igual o superior al 65 %. En este caso se pide una residencia mínima de cinco años, de los cuales dos deben ser consecutivos y previos a la petición de la prestación.
En ambas situaciones, lo determinante no es la vida laboral, sino los ingresos y la residencia. De hecho, uno de los requisitos principales es no superar un límite de renta anual que en 2025 está fijado en 7.905,80 euros si la persona vive sola. Cuando existe convivencia familiar, el umbral cambia en función de lo que ingrese la unidad económica. Es importante destacar que estas pensiones no son favores puntuales, sino derechos reconocidos por la ley, pensados para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La cuantía establecida para este año es de 564,70 euros al mes distribuidos en 14 pagas, lo que suma un total de 7.905,80 euros anuales. En los casos en los que varios beneficiarios conviven en el mismo domicilio, la cifra puede reducirse hasta situarse en torno a los 480 euros mensuales por persona si son dos, o unos 451 euros si son tres. Aun así, la normativa garantiza un mínimo de 141 euros mensuales para asegurar que la prestación nunca caiga por debajo de esa cantidad.
Más allá de estas pensiones no contributivas, el sistema también incluye las de viudedad, orfandad o en favor de familiares, todas ellas con el mismo objetivo de proporcionar un sustento económico a quienes han perdido a un ser querido que trabajaba o que ya era pensionista.