El endeudamiento externo ilegítimo en Argentina, especialmente desde 1976 en adelante, estuvo acompañado de acciones que facilitaron la trampa y lo indebido, y permitieron que se ocultara información relevante a la sociedad. La estrategia de ocultamiento, desinformación y manipulación se asentó en diversas modalidades de manejo de medios de difusión, funcionales al objetivo buscado.
Entre las dinámicas llevadas a cabo, se puede señalar el asesoramiento, la cooptación y/o la compra de medios de difusión, en especial por parte de los bancos prestamistas externos y/o por sus representantes o vinculados a ellos. Éstos se hicieron dueños, total o parcialmente, de empresas de diarios, revistas, radios, televisión, sistemas de cable, servicios de Internet y telefónicos. Y a los medios de difusión que no eran de su propiedad los condicionaron de diversas formas, directa o indirectamente.
Estado cómplice
Además, el Estado les facilitó realizar una importante concentración de la propiedad de medios de comunicación que, en muchos casos, llevó a conformar grandes grupos monopólicos y/o oligopólicos. Esto permitió potenciar la difusión del discurso único, esencialmente en el tema del endeudamiento externo, y competir deslealmente con quienes no estaban cerca de los fines buscados por dichos grupos. Por la ley 22.285 de Radiodifusión, de 1980, se aseguró un mercado cautivo a las estructuras operantes sobre la opinión pública.
Gracias a la lucha, en el año 2003 se logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de las normas que impedían el acceso a licencias a cooperativas, mutuales y entidades de la economía social («Asociación Mutual Carlos Mujica – Radio La Ranchada de Córdoba”, 01/09/2003). Ello fue el empuje necesario para el nacimiento, en el año 2009, de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que buscaba democratizar la palabra.
PERO después, el presidente Mauricio Macri, apenas asumió, reformó la ley referida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 y eliminó las disposiciones que determinaban un límite a los monopolios mediáticos, dado que fijaban una cantidad máxima de licencias que podía tener cada prestador.
Aparato adormecedor
A través de los medios de difusión cooptados o condicionados se armó un poderoso aparato de adormecimiento de los mecanismos de defensa de la sociedad y se posibilitó la mentira constitutiva del ardid necesario para la inaceptable defraudación que se consumó y se consuma contra el país y que continúa afectando su futuro.
En el tema del endeudamiento siempre se apeló a un lenguaje complejo, casi críptico, de difícil comprensión para las personas en general. Baste referir, por ejemplo, que se habla de carry trade en vez de decir “bicicleta financiera”, que es una estrategia que consiste en que grandes capitales venden sus dólares y los invierten en pesos a tasas altas, por ejemplo, como ahora al 3% mensual o más, y luego retiran sus pesos y recompran dólares a un precio bajo, mantenido ficticiamente por el gobierno. De esa manera, especialmente los bancos obtienen grandes ganancias, endeudando al país y empobreciendo a su población.
Ataque a los que discrepan
Sólo algunos elegidos, “debidamente formados” —o adoctrinados— en los centros del poder económico y sus universidades, eran y son quienes pueden hablar y evaluar la temática con capacidad reconocida por los interesados. A todo aquel que no pertenece a ese grupo de elegidos se le niega autoridad técnica para opinar en materia económica. A éstos últimos, el presidente Javier Milei, con desprecio, los llama “econochantas”.
Criminal ataque a periodistas
Como parte de la descalificación, también Milei ataca indiscriminadamente a las personas que, desde el periodismo, informan o critican su política en general y la económica en particular. Al punto tal que el presidente llega a decir que considera “que no se odia lo suficiente a los periodistas”. Además, los degrada de distintas formas y manifiesta que “son muchos los que debe enviar a la hoguera”. De esa manera, no solo condiciona la libertad de expresión, que dice pregonar para sí, sino que, fundamentalmente, justifica, en manos del aparato represivo del Estado y de fanáticos, agredir a quienes informan, como ya ha sucedido. Resulta un claro empuje ilegal a delinquir contra el periodismo.
A su vez, como nunca, los y las periodistas están tan condicionados personalmente en su tarea: con inseguridad laboral, sueldos por debajo de la línea de pobreza (en algunos casos, por debajo de la línea de indigencia), condiciones cada vez más denigrantes de trabajo y futuros inciertos.
Banco JP Morgan
En la influencia en los medios por parte de bancos, cabe referir, por ejemplo, que JP Morgan ha sido el principal asesor y proveedor de servicios financieros del Grupo Clarín, el grupo económico-mediático más importante del país.
Mientras tanto, a manera de ejemplo, cabe recordar que el banco JP Morgan se fusionó, en el año 2000, con el Chase Manhattan Bank de los Rockefeller. En dicha entidad financiera integró el Consejo Asesor el exministro de Economía del Proceso Militar de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, padre de la política económica neoliberal que se instaló en el país durante el último gobierno militar de facto. Política esa que repetía la frase: “Hay que achicar el Estado para agrandar la Nación” y que, desde tremendas ilegalidades, aumentó enormemente la deuda externa argentina.
La bicicleta financiera que se instauró permitió el ingreso de dinero que nos endeudó y luego se llevó el ahorro argentino, con el dólar garantizado ficticiamente en su valor durante los diversos períodos en los que se aseguró su precio por las políticas económicas fijadas por los ministros de Economía de turno (la “tablita” de José Martínez de Hoz; el “dólar uno a uno” de Domingo Cavallo y el “dólar bajo” de Luis Caputo).
Resulta que hoy en día, en el equipo económico del gobierno de Milei, varios de sus miembros han ocupado puestos relevantes en JP Morgan. Ellos son: Luis Caputo (ministro de Economía), Santiago Bausili (presidente del Banco Central), Pablo Quirno (secretario de Finanzas), Vladimir Werning (vicepresidente del BCRA), José Luis Daza (viceministro de Economía) y Demian Reidel (presidente de Nucleoeléctrica Argentina y exjefe de Gabinete del Consejo de Asesores).
Al decir del experto económico Pablo Tigani, en el diario Ámbito Financiero del 19/08/25, ahora, “las decisiones económicas responden a la lógica del acreedor internacional y no a la del ciudadano. El FMI provee desembolsos, J.P. Morgan redacta informes ‘optimistas’ y el Ministerio de Economía ejecuta políticas que garantizan retornos financieros, aunque impliquen recesión y pobreza interna”. Y agrega que “en este teatro de operaciones, el FMI se presenta como garante de seriedad, J.P. Morgan Global Data Watch, Global Economic Research (15 agosto 2025) como oráculo infalible y los medios hegemónicos como relatores de la épica del ajuste. Pero lo cierto es que, detrás de la retórica de la estabilidad, se esconde una mesa de dinero administrada a espaldas de la ciudadanía, donde la prioridad no es el bienestar social sino la conservación de privilegios financieros (Stiglitz, 2002)”. Y todo ello opera como un blindaje electoral, pero que, después de las próximas elecciones, de ninguna manera garantiza que el panorama futuro no sea el abismo.