El Gobierno enfrentó una crisis interna a raíz de un episodio que agitó el área de Discapacidad. Al final de una jornada completa en silencio, Javier Milei desplazó al titular del área, Diego Spagnuolo, un abogado amigo suyo que quedó en el ojo de la tormenta luego de que circularan unos audios que se le adjudican y en los que el funcionario alude al presunto cobro de sobornos en su agencia.
En esas grabaciones, que fueron editadas y difundidas por cuentas en X y por el canal de streaming Carnaval —y cuyo origen no pudo confirmarse—, se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Agencia de Discapacidad (Andis), se hace referencia a una droguería que trabaja con el Estado y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En los audios, además, se señala que el presidente tenía conocimiento del tema.
Bajo un fuerte hermetismo oficial, el Gobierno vivió una jornada negra y con fuerte ruido interno. Mientras la Casa Rosada definía qué hacer con el escándalo en Andis, en Diputados el peronismo y otros bloques críticos lograron sentar a dos tercios de los legisladores, revertir el veto de Milei e insistir con la ley que declara la emergencia en Discapacidad. Durante la sesión, la oposición apuntó contra Spagnuolo y pidió explicaciones por los presuntos audios.
De hecho, una de las primeras cuestiones de privilegio planteadas fue precisamente la del diputado porteño Leandro Santoro, pidiendo explicaciones por estos audios.
Con el correr de las horas comenzó a tomar fuerza la versión de que Spagnuolo renunciaría a su cargo, una decisión que se dilató en medio de un fuerte revuelo interno. A la medianoche, finalmente el Gobierno anunció que Milei desplazaba a Spagnuolo de manera “preventiva” y que el ministro de Salud, Mario Lugones, designaría a un interventor en la Andis.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el decreto 599/2025 en el que, además, fue removido de su cargo Daniel María Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos, si es su voz y si se trata de una conversación privada en la que él participó. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Los portavoces oficiales optaron por no responder si las grabaciones eran verídicas o no. Tampoco las desmintieron.
El tema agitó fuertemente las aguas puertas adentro del Gobierno. Hubo pedidos de explicaciones a Spagnuolo que, como primera reacción, habría dicho que no recordaba haber tenido una conversación como la que se difundió: parece grabada a escondidas en un ámbito público. Se desconoce si hay más material de audio o fílmico y quién hizo esas grabaciones y las filtró.
Entrada la noche, el Gobierno primero le reclamó a Spagnuolo que presentara su renuncia y luego procedió a echarlo.
En el Congreso, además de Leandro Santoro (UP), pidieron explicaciones Christian Castillo (FIT) y Pablo Juliano (Democracia por Siempre). Además, el abogado Gregorio Dalbón, abogado personal de Cristina Kirchner, radicó una denuncia en Comodoro Py que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello para que los audios sean investigados.
Sensibilidad
La discusión se da en un momento de extrema sensibilidad en el área de la Discapacidad y en la órbita de Salud en general. En Diputados, el oficialismo estuvo lejos de frenar la embestida opositora para salvar la ley de emergencia en Discapacidad: incluso dos diputados de La Libertad Avanza (LLA), como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, votaron en contra del veto presidencial.
También colaboraron con la oposición Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, legisladores que ganaron sus bancas como parte de la boleta de LLA en 2023 y que luego se pelearon con Martín Menem y conformaron su propio bloque.
Con la crisis que se agrava mes a mes en el sector de la discapacidad por la desactualización de los aranceles para los prestadores del sistema, el Gobierno intentó una maniobra distractiva: publicó un tuit oficial en el que anunció que el Poder Ejecutivo “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Las grabaciones
En los audios que se le atribuyen, Spagnuolo apuntaría a funcionarios que están debajo suyo y que responderían políticamente a “Lule” Menem. En los corrillos gubernamentales señalan al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, como un funcionario que reportaría al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.
La Andis es un organismo descentralizado cuyo control tutelar está en manos del Ministerio de Salud, a cargo de Lugones, otro de los funcionarios que por estas horas está bajo presión por el rol que tuvo la Anmat en la trama del fentanilo contaminado. Los lotes de fentanilo con bacterias fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024, luego de una inspección de Anmat, y salieron a la venta a fines de ese mismo mes. La Anmat recién emitió la orden formal para inhabilitar a HLB Pharma el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después.
A diferencia de lo que ocurrió con Spagnuolo, la Casa Rosada viene defendiendo públicamente el desempeño de Lugones.
De hecho, pese a que el Ministerio de Salud —a través del Laboratorio ANLIS Malbrán— y el Ministerio de Seguridad venían colaborando como auxiliares en la causa del fentanilo que lleva adelante el juez de La Plata, Ernesto Kreplak, la Casa Rosada decidió imprimirle a la causa un sello político y presionar al juez del caso para que detenga al empresario farmacéutico Ariel García Furfaro.