RIGI. Glencore se anota con dos megaproyectos de cobre por US$ 13.000 millones

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La minera suiza presentó en San Juan y Catamarca proyectos que se acogerán al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Prometen miles de empleos, pero bajo un esquema de beneficios fiscales, desregulación ambiental y pérdida de soberanía para el país.

Una apuesta millonaria bajo el paraguas del RIGI

La multinacional Glencore confirmó la presentación de dos proyectos mineros de cobre –El Pachón, en San Juan, y Agua Rica (MARA), en Catamarca– por más de US$ 13.300 millones de inversión. Según la empresa, la construcción demandará más de 10.000 empleos y 2.500 en operación.

La iniciativa se encuadra en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el gobierno de Javier Milei, que ofrece beneficios impositivos, aduaneros y garantías jurídicas a emprendimientos por encima de los US$ 200 millones.

Beneficios para las corporaciones, costos para el país

Con Glencore ya son 20 los proyectos que se anotaron al RIGI, acumulando más de US$ 33.600 millones en inversiones. Sin embargo, detrás de la promesa de dinamismo económico, el esquema deja fuertes críticas:

  • Exenciones impositivas millonarias que reducen los ingresos fiscales.
  • Debilitamiento del control ambiental, ya que el régimen prioriza la agilización de trámites y la “seguridad jurídica” para empresas.
  • Despojo de soberanía: el Estado queda con escaso margen de regulación frente a corporaciones extranjeras.

Un modelo extractivista en debate

El RIGI consolida un modelo hiper-extractivista, dependiente de capitales externos y de los precios internacionales de los commodities. Además, en provincias como San Juan y Catamarca existen antecedentes de conflictos socioambientales, contaminación de cuencas hídricas y falta de consulta a las comunidades locales.

El desembarco de Glencore al RIGI se presenta como una gran oportunidad de inversión, pero al mismo tiempo refuerza un modelo que privilegia las ganancias privadas por encima del ambiente, la recaudación pública y los derechos de las comunidades. Lejos de una estrategia de desarrollo soberano, se profundiza así la dependencia y vulnerabilidad económica del país.

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