Tras la apertura de sesiones legislativas, la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, se pronunció a la caída de las denuncias penales que la oposición hizo contra el intendente Esteban Avilés, la enmienda que se introducirá en la Carta Orgánica Municipal y el modelo de gestión comunitaria. Lo hizo acompañada por el asesor letrado, Darío Pérez, quien defendió la legalidad de las acciones llevadas adelante por el municipio.
La presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, puso en valor los avances del gobierno de Carlos Paz Unido y dijo: «Desde la gestión comunitaria, consolidamos un modelo basado en la previsibilidad, el ordenamiento y la responsabilidad, donde los vecinos son los que deciden. Esto se pone de manifiesto en innumerables situaciones y muchos programas, tanto Familia Activa, como la concreción del Estadio Arena y todas las obras que se realizaron con el presupuesto participativo».
Sobre el proyecto que el Departamento Ejecutivo enviará para introducir una enmienda en la Carta Orgánica, vinculada a la elección del Defensor del Pueblo, Roldán sostuvo: «Se va a mandar un proyecto de enmienda, lo que pone en evidencia que el intendente escucha a los vecinos y entiende que la escapa participación en los comicios está dando un claro mensaje».
«Se modificará el mecanismo de designación del Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Adjunto (sin el proceso electoral) y se reducirá la remuneración para bajar los costos de funcionamiento de la institución. Eso no es nuevo para este gobierno, donde el equilibrio fiscal resulta algo clave y necesario, así se hizo con la reducción de la planta política y la reducción de los sueldos de los funcionarios. Esto no quiere decir que no se tenga en consideración la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo en los procesos comunitarios, no sólo en mediación sino también en Defensa del Consumidor y como herramienta ante los atropellos de la casta corporativa de la ciudad»; enfatizó Roldán.
«Los vecinos de Carlos Paz conocen del accionar de la Cooperativa Integral, que nos metió la mano en los bolsillos con los cobros indebidos de la capitalización, la compensación con no realizar las obras de mantenimiento y la falta de inversión. Esta casta tiene representantes en el Concejo de Representantes, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Lo único que buscan es entorpecer lo que deciden los vecinos, poner palos en la rueda con denuncias sin sustento y utilizando el aparato judicial con los costos que eso significa. Nosotros somos otra cosa, nuestra identidad es distinta. No debemos olvidar que nos pudrieron el río, nos pudrieron el lago y atentaron contra la identidad carlospacense, que es la familia, los valores y la transparencia»; añadió.
El asesor letrado Darío Pérez hizo referencia a las denuncias que el tribuno Gustavo Molina y el legislador Walter Gispert (Frente Cívico) presentaron el año pasado contra el intendente Esteban Avilés y sostuvo: «Durante el 2024, dirigentes de la oposición formularon duras críticas al intendente por el tratamiento legislativo que se le dio al aumento de tasas municipales y por la contratación de publicidad para promocionar a la ciudad como destino turístico. Esas críticas no quedaron en esa situación, sino que formularon denuncias en los tribunales de la ciudad para que se investigue la violación de la Carta Orgánica y el resto del cuerpo legislativo. El 5 de abril del 2024, el legislador Gispert denunció que Avilés y sus concejales se llevaban puesta la ciudad y no respetaban el mecanismo previsto por la Carta Orgánica para el aumento de tasas y contribuciones municipales. Por otra parte, el tribuno de cuentas, Gustavo Molina, dijo que el intendente dilapidaba el dinero de los vecinos para promocionarse en medios masivos de comunicación. Luego de la investigación y los aportes que realizamos desde el municipio, las fiscalías intervinientes desestimaron las denuncias que formularon y ordenaron su archivo».