El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ve ningún motivo para que se levante la medida de prisión provisional que pesa sobre ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, desde que fue a declarar al Tribunal Supremo por el caso Koldo el pasado 30 de junio. Una semana y media después ya impugnó el escrito presentado por su defensa solicitando su puesta en libertad y recientemente firma otro escrito en el que abunda en los indicios contra la trama. Apunta a Fernando Merino, ex directivo de Acciona, por su «relación económica furtiva» con el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, y por las conversaciones que apuntan al cobro de comisiones ilegales.
Todos esto argumentos serán expuestos por el representante del Ministerio Público en la vista que se celebra este martes a puerta cerrada ante el alto para estudiar el recurso presentado la defensa de Cerdán contra la decisión del instructor de Leopoldo Puente de enviarle a prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho como supuesto cabecilla de la trama de cobro de mordidas a cambio de obra pública.
El citado informe, que tiene fecha del 16 de julio y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que la a previa relación con Koldo García le permitió a Merino y, por ende, a Acciona, acceso al Ministerio de Transportes entonces dirigido por Ábalos » y capacidad de influencia en él».
Santos Cerdán como «Logroño»
Apunta que el intercambio de mensajes entre ambos se inicia con relación a la licitación de la Dirección General de Carreteras de la autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete en la provincia de La Rioja, por un importe de 92.416.975 euros, una identificada en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «como aquella a la que se refieren en las conversaciones grabadas por Koldo García y mantenidas por este con José Luis Ábalos y Santos Cerdán como “Logroño”, por la que los tres habrían percibido las correspondientes comisiones ilegales».
Esas comunicaciones, según el fiscal acreditan la relación económica furtiva entre Koldo y la sección de obras de la empresa energética «sin que conste trabajo alguno -lícito- prestado por aquel a la constructora que justificara cualquier retribución» y acredita lo que llega a denominar una «relación económica furtiva entre Koldo García y Acciona sin que conste trabajo alguno -lícito- prestado por aquel a la constructora que justificara cualquier retribución».
Servinabar, ‘ad hoc’ para lucrarse
La relación entre ambos había surgido en 2015 en Navarra, cuando Merino era el director del Departamento de Navarra y La Rioja de la empresa al hilo de la obra Mina Muga o Mina de Sangüesa en la que esta empresa tuvo que presentarse formando UTE con la empresa local Servinabar –la empresa de la que la UCO encontró un contrato en el que su administrador único y amigo personal de Cerdán, Antxón Alonso, cedía el 45 por ciento de las participaciones– conseguir la adjudicación. En este punto, afirma que «la empresa vinculada a Joseba Antxon Alonso y a Santos Cerdán, es una sociedad creada ad hoc para lucrarse en esta obra y en otras venideras, sin que conste ninguna contribución precisa a ellas».
La vista en la que las distintas partes expondrán sus argumentos está integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, este último como ponente de la resolución. Deberán responder a los abogados de Cerdán que buscan que el Supremo le deje en libertad de forma «inmediata» al considerar que no hay «indicios suficientes» en su contra, declarándose víctima de una «causa general».
En su escrito, Cerdán llegaba a acusar al juez puente de adoptar una actitud «inquisitiva», «contra reo», deslizando asimismo que le habían encarcelado buscando «una confesión» al estilo del presunto conseguidor de la trama de compra de mascarillas, Víctor de Aldama. Cuestiona además las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, que constituyen uno de los principales indicios en su contra, al señalar a García como «un posible colaborador policial».
Además, la defensa resta validez al contrato privado que le convertiría en el dueño del 45% de Servinabar, una de las empresas que se habría beneficiado de las supuestas corruptelas. Sobre esto, insistió en que, al no elevarse a escritura pública, solo surte efectos entre las partes y éstas –él y el empresario Antxon Alonso– «lo dejaron sin efecto» porque acordaron romperlo, si bien éste no lo hizo.
Furgón policial del traslado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su llegada a la cárcel de Soto del Real / A. Pérez Meca – Europa Press
A todo esto se suma que el pasado viernes se supo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó a Instituciones Penitenciarias que le informara sobre quiénes y cuándo visitaban a Cerdán en la cárcel de Soto del Real (Madrid), incluso con «antelación». Prisiones avisó a Puente, que les instó a actuar conforme a su normativa. Fuentes de la defensa de Cerdán consideran que se trata de un grave «atropello» a sus derechos.
Razones de Anticorrupción
Por contra la Fiscalía se opone a la excarcelación porque considera que Cerdán tuvo un papel «capital» en la presunta trama que le llevó a tener ese «conocimiento privilegiado» sobre la misma, incluidos asuntos aún desconocidos por los investigadores, por lo que alegó que el riesgo de «ocultar» pruebas y «condicionar» testigos persiste.
«Asumió la dirección de una organización criminal que de manera concertada y coordinada con otros consiguió, desde su alto cargo en el PSOE, secretario de Organización, penetrar en junio de 2018 en un Gobierno al que era ajeno, nada menos que en las entrañas del entonces Ministerio de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas», afirma en la impugnación del recurso, unos argumentos que expondrá este martes ante la Sala.
Para Anticorrupción, Cerdán era fundamental «no tanto por su capacidad de dirección o jerarquía cuanto por su posición funcional en ella», ya que «se encargaría de reclamar a las constructoras las dádivas adeudadas y de repartir estas entre Ábalos y Koldo, lo que le confería una indiscutible preeminencia en la organización delictiva».
«Solo de él podemos decir que sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba la mordida, cuándo, cómo y dónde se debía satisfacer esta y quiénes eran todos los beneficiarios», subrayó, poniendo el acento en que únicamente Cerdán sabe «qué personas físicas o jurídicas pudieran ser destinatarios del botín obtenido», defiende.
Por su parte, el PP –que ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares–, se opondrá igualmente a la libertad al ver «inasumible» que argumente que es víctima de una investigación prospectiva. «Cerdán es un político, pero ésta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta a personas con cargo político y personas sin cargo político», recalcó en su impugnación al recurso.
Suscríbete para seguir leyendo