Una serie de informes firmados por la periodista Maia Jastreblansky, de La Nación, dan cuenta de al menos dos grandes negocios que han sido adjudicados a empresas que son o pertenecieron a Martín Menem, el cada vez más cuestionado presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
Imposible no sentir un “deja vu” de los 90, cuando el apellido Menem se vinculó de modo reiterado a episodios emblemáticos de corrupción.
Seguridad para el Banco Nación
Por un lado, una empresa de seguridad privada ligada a la familia Menem, que tuvo al titular de la cámara de Diputados, Martín Menem, como accionista hasta el 6 de diciembre de 2023 (cuatro días antes de la asunción de Javier Milei), ganó en los últimos días una licitación pública multimillonaria. Se trata de la firma Tech Security SRL, que se alzó con un contrato por casi 4000 millones de pesos (3,1 millones de dólares al tipo de cambio oficial) con el Banco Nación para proveer vigilancia privada a la casa central de la banca estatal (el gran edificio del arquitecto Alejandro Bustillo de Bartolomé Mitre al 300) y a otros cuatro grandes establecimientos de la entidad.
El contrato es por un período de dos años, renovable por 12 meses. Además de brindar seguridad a la Casa Central, el acuerdo prevé vigilancia privada para el centro de procesamiento paralelo del Banco Nación, el edificio Maipú, el de funcionarios y la sede del Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Según el Boletín Oficial se hizo una preadjudicación a Tech Security SRL por $3.933.026.507, mientras que otra compañía, Briefing Security SA resultó preadjudicada del segundo renglón de la licitación por “solo” 237 millones de pesos.
Según las constancias reunidas por Jastreblansky, Tech Security ya había prestado servicio de vigilancia en el Banco Nación en el pasado, pero los contratos habían sido por un año, renovables por 12 meses.
Cambio de manos
Según los registros oficiales, Tech Security fue creada en 2005 y recién en el año 2014 comenzaron a ingresar los Menem como socios. Antes de la asunción de Milei en el Gobierno, figuraban como accionistas Martín Menem y sus dos hermanos Adrián y Fernando (“Tato”), junto con otro socio, Pablo Ariel Vázquez, exjefe de seguridad de River Plate.
De acuerdo a los registros públicos, el 6 de diciembre de 2023 (cuatro días antes del recambio presidencial), mediante la escritura N°292, Martín Menem le cedió sus acciones en Tech Security a su hermano mayor, Adrián, un hombre con amplia experiencia política en el clan familiar riojano que lo aconsejó en su desembarco en el poder a partir del triunfo de los hermanos Milei.
Hasta el momento, ni Martín Menem ni su entorno emitieron opinión sobre el tema; se limitaron a señalar que el titular de Diputados “no forma parte de la compañía desde antes de asumir” en la Cámara baja.
Martín Menem se deshizo de sus acciones en la compañía de seguridad pero hoy sostiene su participación en distintas empresas privadas. Su principal negocio particular está vinculado al rubro de los suplementos dietarios y nutricionales. Junto a su hermano Adrián actualmente es dueño de la firma GenTech Argentina SA, una importante compañía de suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas, entre otros productos, que distribuyen y venden en buena parte de las farmacias del país.
De acuerdo a su última declaración jurada patrimonial, correspondiente al alta en la función pública (la de 2024 aún no figura en la Oficina Anticorrupción), Martín Menem es dueño del 62% de las acciones de GenTech Argentina SA, valuadas en un total de $172 millones.
Con Osprera, la obra social intervenida por el Gobierno
La licitación pública por $4000 millones en la que resultó preadjudicada la empresa de seguridad privada de los hermanos de Martín Menem para proveer vigilancia privada al Banco Nación no es el único contrato que puede rastrearse entre la administración nacional y el entorno del presidente de la Cámara de Diputados.
Un socio de Menem en el rubro de los suplememtos dietarios obtuvo un contrato para brindar soluciones informáticas en Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que está intervenida por el Poder Ejecutivo desde agosto de 2024.
La empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, fue contratada por los interventores designados por el Gobierno en Osprera para realizar distintos trabajos en los sistemas informáticos en la obra social, la segunda más grande del país.
Aguirre es socio de Menem en la empresa TR Nutrition. En su última declaración jurada patrimonial, el titular de Diputados declaró ser el dueño del 50% de las acciones de esa firma, que fue constituida en 2019 y se dedica a la importación y comercialización “de todo tipo de productos y suplementos orgánicos, naturales y/o dietarios”.
En abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder, Sergio Andrés Aguirre creó la firma Htech Innovation. De acuerdo a los registros públicos, la compañía se dedica a “prestar servicios de procesamiento electrónico de datos, análisis, diseño y desarrollo e implantación de sistemas y software”.
Meses después de su constitución, Htech Innovation fue contratada por la primera interventora de Osprera designada por el gobierno de Javier Milei, Virginia Montero, para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas de la obra social. Actualmente, según fuentes oficiales, Htech Innovation sigue contratada para trabajos de migración y modernización del sistema de gestión médico de la obra social y realiza tareas para disponer de un chatbot para la atención de pacientes.
De acuerdo a facturas que verificó Jastreblansky, ya en noviembre de 2024 Htech Innovation recibió dos pagos de Osprera por $40.251.879 y por $7.733.119 y a la fecha mantiene un contrato de unos 16 millones de pesos mensuales.
Osprera es la segunda obra social más grande del país, con 500.000 afiliados y alta permeabilidad territorial. Se trata de una caja sindical que suscitó el interés tanto de la gestión de Pro, como del PJ. Hoy está intervenida por el gobierno de Milei, una decisión que se oficializó mediante el decreto 720/2024 y fue prorrogada por el decreto 1054/2024.
La primera interventora oficial en Osprera, Montero, renunció al cargo a fines de noviembre del año pasado. En su lugar asumió Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista que fue designado por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) y que, según distintas fuentes del Gobierno, llegó recomendado por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.