El 6 de marzo, el Gobierno anunció que el Instituto Nacional del Cáncer dejaría de existir como un organismo descentralizado del Estado para pasar a depender directamente del Ministerio de Salud, una decisión que el comunicado oficial justificaba como una medida en pos de tener “un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de una manera más eficiente”. La decisión se oficializó en julio, pero ya desde marzo las autoridades aseguraban que la medida “no afectaría la continuidad de ningún programa que garantiza el Instituto Nacional del Cáncer” y que sólo se trataba de un cambio administrativo. Sin embargo, las actividades dependientes del programa de Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer no tuvieron ninguna actualización de presupuesto respecto a 2024, y, del Régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, garantizado por la ley 27.674, no se devengó ni un solo peso de los $ 1.007 millones que tenía disponibles para el ejercicio de 2025 ($ 500 millones menos que en 2023 en términos corrientes).
Según puede leerse en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso para este año (que nunca se aprobó), este régimen tiene el objetivo de “garantizar el acceso gratuito, adecuado y oportuno de la cobertura sanitaria desde un enfoque de derechos y en todas las fases de la enfermedad”. Entre otras cosas, contemplaba una ayuda económica provista por Anses –e implementada a través del INC– para los pacientes menores de 18 años de edad que se encontraran en tratamiento.
En la distribución de las asignaciones, y según puede consultarse en los datos abiertos, el rubro orientado a la conducción y administración pasó de los $ 702 millones en 2023 a los $ 3.655 millones en 2025, mientras el de las acciones destinadas a la detección temprana de las enfermedades escalaron de los $ 205 millones en 2023 a los $ 336 millones en 2025 (63% en el mismo período). Por otro lado, el régimen de protección integral pasó de los $ 1.500 millones en 2023 –año en el que se promulgó la ley– a los $ 1.007 millones en 2025, una reducción del 33,4%.
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En la proyección de gastos que el Ejecutivo preparó para la Legislatura el Régimen de protección integral del niño y adolescente con cáncer iba a contar con $ 2.312 millones ($ 1.300 millones más que lo que efectivamente se le consignó); la Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer con $ 722 millones ($ 386 millones más que los actuales) y las tareas de conducción, en cambio, iban disponer de $ 3.498. En este último caso, el presupuesto actual supera al que el Ejecutivo había ampliado en los cálculos para 2025.
“El Instituto Nacional del Cáncer era un organismo nacional que aseguraba a todos los pacientes, a toda la población de la República Argentina, un diagnóstico y un tratamiento oportuno para las enfermedades cancerígenas, pero además incluía y aseguraba la recepción de los cuidados paliativos y tratamiento del dolor”, explicó a PERFIL Sandra Cirone, presidenta de la asociación civil Llegaremos a tiempo. “Ahora no habrá un organismo que garantice la llegada de estos tratamientos a los pacientes de todo el país”, agregó.
A la deriva “Los cuidados paliativos están siendo de muy difícil acceso, primero porque hay muy pocos especialistas en cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Segundo, porque los pocos que hay no están trabajando en todos los hospitales públicos. Nosotros, por ejemplo, aquí en Villa Gesell no tenemos”, aseguró Cirone. “Es un tema que nos preocupa porque es un tratamiento que no está destinado solamente a aquel paciente que está en el estadio muy avanzado o que está en un estadio terminal, sino que en realidad el cuidado paliativo tiene que comenzar y poder ser accesible al paciente, incluso en los estadios iniciales, incluso cuando empieza con sus tratamientos, precisamente para que nunca llegue a tener dolor”.
Este tipo de cuidados no abarca solamente el dolor físico. “También está lo emocional, la contención y del acompañamiento que ese paciente durante todo el tratamiento necesita”. La ONG que dirige trabaja para garantizar ese derecho que cada vez es más inaccesible en las instancias estatales. “Más que nunca estamos acompañando a pacientes de todas las edades”. Se refirió a un caso en particular que movilizó a toda la sociedad: “Nos está tocando, por ejemplo, tener que acompañar a un paciente de 17 años que va a comenzar su quimioterapia dentro de poco tiempo y ese tratamiento implica quedar estéril, con el impacto emocional que esto provoca. Se han movilizado los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad y nosotras, nuestra organización, para juntar los fondos para que este chico pueda, el día de mañana, formar una familia”.
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Además, señaló, el cierre de los centros de referencia de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic, ex-Dadse) en todas las provincias, “implica una desorientación no solamente en los pacientes, sino también en muchos hospitales municipales que hoy por hoy son los encargados de gestionar los medicamentos oncológicos que no están en el vademécum de la provincia de Buenos Aires ni en el de Nación, o que no pueden proveerlos por falta de stock. En esos casos, el trámite tiene que ir a Dinadic”.
“Sabemos que hay solamente cinco provincias que están haciendo llegar sus solicitudes a Dinadic. Entre ellas está la provincia de Buenos Aires. La demora en esa carga es importante e incluso con el riesgo de que hay trámites que se pierden en el camino”.
Pese a la gravedad del contexto, Cirone rescató que al menos las organizaciones fueron convocadas para formar una mesa de trabajo y dar su opinión sobre la elaboración de un nuevo reglamento para la Dinadic, aunque todavía esperan que la Justicia avance en la causa que iniciaron por la falta de entrega de medicamentos.