Nuevo revés a María Guardiola en la Asamblea de Extremadura. La abstención de Vox ha tumbado el decreto-ley de simplificación urbanística con el que la Junta pretendía impulsar la construcción de vivienda para dar respuesta a la «situación de excepcionalidad» que atraviesa el sector. Como es habitual, la formación no ha desvelado hasta el último momento el sentido de su voto, si bien en el debate previo Ángel Pelayo Gordillo, ya había avisado al PP que Vox no acepta «chantajes ni imposiciones». Tampoco ahora con esta «chapuza legislativa».
El PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra al considerar que las medidas planteadas por la Junta suponen una vuelta al «urbanismo salvaje» de principios del siglo XX que alentó la burbuja, por lo que finalmente el decreto ha decaído. El texto se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 19 de mayo y entró en vigor días después, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Ahora, al igual que ocurriera con el decreto-ley de incentivos fiscales que Vox también tumbó en primera votación el pasado mes de noviembre, las medidas quedarán automáticamente sin efecto.
Sin negociación previa
«Es un decreto ómnibus, improvisado y chapucero», considera el presidente de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, que vuelve a recordar a Guardiola su obligación de negociar previamente con la oposición porque no tiene mayoría absoluta. «Nosotros queremos lo mejor para Extremadura, por supuesto, pero trágalas ninguna. Simplificar, sí, pero no de cualquier forma. Vivienda protegida, sí, pero con garantías. Y energías renovables sin avasallar al campo. Y sí a los interinos, por supuesto, pero con reformas serias», ha señalado.
El decreto modificaba la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus) para agilizar el planeamiento y fomentar la construcción de vivienda, especialmente en los pequeños municipios. El diputado del PP José Luis Rodríguez Campos ha defendido que aportaba «soluciones reales y tangibles a corto plazo» al sector de la vivienda permtiendo, que no «obligando» a los municipios.
«Con este decreto se solucionan problemas urbanísticos de los ayuntamientos, se permite la simplificación administrativa, se acortan plazos y se ponen soluciones a la falta de suelo para la construcción de vivienda protegida», ha recordado tras señalar que no había «ningún motivo objetivo» para que los grupos de la oposición no permitieran su convalidación. «Suya será la responsabilidad, este gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer», ha considerado.
Entre otras medidas, el texto levantaba la prohibición que pesa ahora sobre más de 200 municipios para que puedan modificar su planeamiento urbanístico y asegurar así la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida.También se reducían los plazos de tramitación para modificar planes generales, de 45 días a 30 si no se requiere evaluación ambiental, y se regulaba la cesión gratuita de suelo público terciario para construir viviendas protegidas.
Rechazo del PSOE y Unidas
La oposición en bloque criticado que en este mismo texto se haya incluido también una modificación de la Ley Agraria para eliminar la prohibición de soterrar líneas eléctricas y conducciones de gas o agua en caminos públicos, para facilitar las infrestructuras de energía renovable; y aspectos de función pública como la amplicación a un año de los programas temporales de empleo.
El PSOE y Unidas por Extremadura se han mostrado favorables a estas dos útlimas cuestiones, pero finalmente han optado por votar en contra del decreto por los planteamientos en materia de vivienda. El portavoz de los socialistas, Fernando Rodríguez, ha considerado que las medidas del PP suponen una «vuelta al urbanismo salvaje de principios del siglo XX para que unos pocos se forren». Rodríguez, que ya vaticinaba que la convalidación del decreto no pintaba bien, insta a la Junta a prsentar ya una propuesta de ley con un único artículo para aumentar el plazo de adaptación de la normativa de la Lotus a los 266 municipios afectados por dos años más.
Desde Unidas por Extremadura, Joaquín Macías ha considerado que hay margen para la simplificación administrativa, pero afirma que el decreto-ley no responde a las necesidades de vivienda. La forma más rápida de afrontar la falta de vivienda, a su juicio, es conseguir que salgan al mercado las 140.000 que están abandonas en Extremadura.