Finalmente, poco después de las 15 de este martes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó formalmente a cumplir su condena a seis años de prisión por defraudación al Estado argentino bajo arresto domiciliario.
El juez Jorge Gorini le concedió el beneficio de transcurrir la pena en su domicilio, pese a que los fiscales se pronunciaron en contra y el gobierno porteño pidió que no permanezca en la propiedad que habita en el barrio de Constitución.
Asimismo, el magistrado le impuso una serie de condiciones que restringen su actividad, entre ellas evitar “alterar la tranquilidad del vecindario”, y le exigió que entregue una lista acotada de posibles visitantes.
Gorini también instruyó al Servicio Penitenciario para que arbitre las medidas necesarias para que se le coloque una tobillera electrónica.
El juez le comunicó a CFK las condiciones de detención vía zoom y de esta forma evitó su traslado hasta los tribunales de Comodoro Py, programado para este miércoles. Ante esta posibilidad, sus seguidores habían convocado a una caravana de apoyo que se transformó en una “concentración”.
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En las primeras horas de este martes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elevaron un escrito al Tribunal Oral Federal N° 2 en el que pidieron que se rechace el beneficio de la prisión domiciliaria: “No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional”, afirmaron.
En el mismo sentido, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires le pidió al juez que el lugar de detención no sea la propiedad del barrio de Constitución por los inconvenientes que podía generar en los alrededores.
Dado que la opinión de los fiscales no es vinculante y mucho menos el requerimiento de la ciudad, el titular del Tribunal Oral Federal N°2 ignoró ambas peticiones y CFK pasará los seis años de condena en San José 1111 piso 2 departamento D, unidad que ya había sido aceptada por el tribunal.
El tribunal argumentó “que asegurar la vida e integridad física de la condenada en una situación de encierro carcelario, conviviendo con cualquier tipo de población penitenciaria, se tornaría complejo”.
Además de Gorini, el texto de 19 páginas, lleva las firmas de Rodrigo Giménez Uriburu, Juez de Cámara; Tomas Santiago Cisneros, Secretario de Cámara, y Andrés Fabián Basso, Juez Federal.
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Las normas impuestas señalan que CFK “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente” y para los cuales le deberá solicitar autorización al tribunal.
A su vez, “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Por otra parte, el tribunal ordenó que en el plazo de 48 horas hábiles presente “una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial”. En caso de que sea necesario el ingreso de otra persona tendrá que pedirla. La aprobación del listado de concurrentes asiduos queda en manos del tribunal.
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En el punto 4 de la resolución, se encomendó a Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal “que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria y eleve los resultados de la supervisión cada tres meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas”.
En la misma línea, se ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, “la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio”. Esto quiere decir el uso de la tobillera electrónica, algo que CFK había pedido no utilizar y los fiscales habían requerido su cumplimiento.
La defensa de CFK había argumentado que la presencia de la custodia de la Policía Federal garantizaba el cumplimiento de la pena. A ello el tribunal contestó que: “La Policía Federal no puede reemplazar la función de fiscalización del cumplimiento de la prisión domiciliaria, ya que su misión es garantizar la seguridad de la expresidenta, no supervisar la pena”.
Tras conocerse la decisión del tribunal comenzó a concentrarse más gente en las adyacencias de su domicilio, lo cual adelanta, al menos durante los primeros días, una situación complicada en esa zona de la ciudad.