El ex secretario de la Obra Pública del kirchnerismo José López se entregó esta mañana ante el Tribunal oral Federal 2 para comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.
Según confirmaron fuentes judiciales, López llegó ayer desde Santa Cruz y pidió el arresto domiciliario, lo cual tiene que decidir el tribunal y dar garantías de seguridad por ser arrepentido en el caso Cuadernos.
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López fue excarcelado en abril de 2021 en el expediente por enriquecimiento ilícito. Pagó una fianza de 85 millones de pesos. Desde entonces, permaneció en Río Gallegos con un bajo perfil. La causa por la que ahora volverá a prisión lo involucra directamente en el direccionamiento de la obra pública nacional en favor de las empresas de Báez durante el kirchnerismo.
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En 2016, el exfuncionario fue arrestado tras ser sorprendido intentando ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento en General Rodríguez. Dos años más tarde, se convirtió en imputado colaborador en la causa de los Cuadernos de las Coimas, donde declaró en contra de la ex presidenta.
A diferencia de otras figuras del entorno kirchnerista, López está distanciado de la actual conducción del espacio. Él mismo reconoció que fue “odiado” por Cristina Kirchner luego de aquel episodio que lo convirtió en uno de los símbolos más evidentes de la corrupción durante su gestión.
La situación procesal de López es complicada. Además de la imputación por Skanska, está pendiente el juicio oral por los cuadernos de la corrupción, causa en la que él declaró como arrepentido y por lo que se le dio el beneficio de abandonar la cárcel de Ezeiza en el 2021, tras cinco años de prisión, con la figura de testigo protegido.
Tras ser descubierto con los bolsos de dólares, López cayó en desgracia. “Lo odié, como pocas cosas odié en mi vida”, dijo Cristina Kirchner en el 2018. Después de esas declaraciones, su destino político estaba jugado, a diferencia de otros ex funcionarios que pudieron volver a hacerse un lugar.
En el 2022 empezó a manifestar sus intenciones de volver a radicarse en su ciudad y de salir del programa de testigos protegidos. Fue el ministro de Justicia Martín Soria el que cumplió con la última parte del pedido, mientras el Poder Judicial lo autorizaba a radicarse en el Sur.