Tras conocerse que Cristina Kirchner deberá devolver al Estado la suma de más de 84 mil millones de pesos como parte de la condena firme que pesa sobre su persona luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, Amado Boudou, quien fuera su vicepresidente entre 2011 y 2015, fue demandado este miércoles por ANSeS para que reintegre 236 millones de pesos percibidos en concepto de jubilación de privilegio. El reclamo se hizo a instancias del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello y apunta a recuperar los fondos que el exfuncionario cobró mientras estuvo condenado por corrupción.
En la rueda informativa del programa «Desde el canil», la periodista Natalia Vaccarezza mencionó que Boudou le había solicitado al Gobierno nacional que le devolvieran su jubilación de privilegio, derecho que le fue denegado tiempo atrás por decisión administrativa. Sin embargo, lejos de atender el reclamo, el Gobierno no solo rechazó el pedido sino que anunció el inicio de la demanda judicial para que devuelva el dinero oportunamente embolsado.
Boudou había sido beneficiado con libertad condicional en 2021 tras cumplir una parte de su condena a cinco años y diez meses de prisión por haber sido encontrado culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra de la empresa calcográfica Ciccone, que luego fuera estatizada. En 2020 la Corte Suprema de Justicia había dejado firme el fallo por corrupción contra el exvicepresidente. Al igual que Cristina Kirchner, Boudou se encuentra inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Según Vaccarezza, la decisión forma parte de una nueva ofensiva del Gobierno nacional que, en un contexto de endurecimiento político y judicial, pretende «reforzar una postura de reactivación de causas sensibles» sobre casos emblemáticos del pasado reciente, según evaluó.
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El caso reabre el debate sobre las jubilaciones de privilegio y el uso político de la Justicia. Mientras el oficialismo sostiene que no se puede premiar a funcionarios condenados por corrupción con beneficios especiales, desde algunos sectores opositores denuncian un intento de persecución para reforzar la narrativa del Gobierno.
BR / FPT